Un nuevo capítulo se abrió en la batalla judicial por YPF. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes, en el marco de la histórica causa que enfrenta al país con el fondo Burford Capital. La resolución encendió todas las alarmas en el Gobierno, aunque desde la Casa Rosada ya adelantaron que apelarán la decisión y relativizaron su impacto inmediato.

En el centro del conflicto está la estatización de YPF de 2012, cuando el Estado argentino expropió el paquete accionario mayoritario que hasta entonces estaba en manos de Repsol. El fondo Burford adquirió en 2015 por apenas 16 millones de dólares los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía y de IEASA, dos empresas que habían tenido participación accionaria en YPF pero que ya estaban en proceso de quiebra. El argumento de la demanda es que el Estado no lanzó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas, tal como exigía el estatuto de privatización de 1993.

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Desde la defensa argentina aseguran que el fallo “aplica erróneamente la legislación argentina” y que en el país no se reconocen indemnizaciones por violaciones estatutarias entre accionistas, salvo en casos excepcionales. También remarcaron que, en 2014, cuando se completó el pago a Repsol, Petersen ya no tenía ni acciones ni representación en el directorio de YPF, lo que invalida cualquier reclamo.

Burford, especializado en litigios internacionales, podría quedarse con el 70% de una eventual compensación si el fallo queda firme. El resto iría a los acreedores de Petersen. El caso se convirtió en un símbolo de los conflictos derivados de la reestatización de empresas estratégicas y de la complejidad legal que implica operar en mercados internacionales con reglas financieras propias.

“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos (…) el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente shockeados”, argumentó la defensa nacional, comparando el caso con un hipotético espejo inverso para remarcar la extralimitación del fallo.

En Buenos Aires, fuentes del Ejecutivo aseguraron que el fallo “no tiene aplicación inmediata”, que no afecta la operación diaria de la empresa y que será apelado en instancias superiores. Aun así, la decisión reabre heridas abiertas desde 2012 y coloca nuevamente a YPF en el centro de un conflicto que cruza soberanía, intereses económicos y disputas de jurisdicción.