La industria pesquera argentina está en terapia intensiva. En medio de un lockout empresarial que mantiene a la flota amarrada, el Gobierno decidió autorizar la importación de langostinos desde Ecuador, una medida que encendió todas las alarmas en los sindicatos y amenaza con pulverizar más de 20.000 puestos de trabajo. Mientras las empresas exigen recortes salariales y cambios en el convenio colectivo, los gremios denuncian una maniobra para arrasar con los derechos laborales y desmantelar uno de los sectores productivos más importantes del país.

La operación fue confirmada por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) y prevé el ingreso de hasta 80.000 toneladas de langostino vannamei ecuatoriano, criado en acuicultura intensiva y a precios que ningún productor nacional puede igualar. “Puede convertirse en un golpe de gracia”, advierten desde el sindicato de marineros, que ve en esta jugada una estrategia para reemplazar producción argentina por importaciones baratas.

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El conflicto se disparó cuando las cámaras empresarias propusieron una rebaja del 30% sobre el ítem por producción y la eliminación del bono por precio internacional, vigente desde 2005. También sugirieron pagar salarios con un tipo de cambio más bajo, lo que encendió la chispa de un conflicto que ya paralizó la actividad en todo el litoral atlántico. “No aceptamos que nos quieran bajar los sueldos. Queremos trabajar, pero no nos convocan”, expresaron desde el gremio. La inacción del Ministerio de Capital Humano y la pasividad oficial frente a los reclamos alimentan la sospecha de un plan deliberado para “quebrar la resistencia sindical”.

Desde el lado empresario aseguran que no hay rentabilidad posible: que pescar langostino cuesta 6,50 dólares por kilo, pero el mercado internacional paga apenas 5,50. El langostino ecuatoriano, en cambio, se consigue a 4 dólares. Para ellos, la única salida es reducir “el costo laboral”, en línea con la visión del Gobierno, que considera que los convenios colectivos son un obstáculo para la competitividad.

En lo que va del año ya ingresaron más de 20.000 toneladas de productos pesqueros desde Ecuador. Si prospera esta nueva operación, esa cifra se cuadruplicaría. “Este lockout es funcional a los intereses del Gobierno: buscan derogar los convenios colectivos o debilitarlos por la vía de los hechos”, denuncian desde el sector sindical.

Mientras tanto, los barcos siguen sin salir y el corazón de una de las industrias exportadoras más dinámicas del país late cada vez más débil. El riesgo es concreto: que la Argentina, líder global en langostino salvaje, termine cediendo su lugar en el mercado internacional por un modelo de ajuste que, lejos de traer eficiencia, multiplica el desempleo.