El juez federal Jorge Gorini concedió este martes la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años en la causa Vialidad, y determinó que cumpla la pena en su departamento del barrio porteño de Constitución. La resolución fue comunicada por videollamada y busca evitar la movilización convocada por sectores del kirchnerismo para este miércoles frente a los tribunales de Comodoro Py.

La decisión judicial establece que la expresidenta deberá permanecer en su domicilio de calle San José 1111, sin posibilidad de ausentarse salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. También se dispuso la colocación de una tobillera electrónica y el control del cumplimiento de la medida por parte de la Dirección de Asistencia y Ejecución Penal.

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En las próximas 48 horas, Fernández de Kirchner deberá informar la nómina de familiares, médicos, abogados y personal de custodia que podrá ingresar al lugar sin autorización judicial previa.

La decisión fue cuestionada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se opusieron a la domiciliaria argumentando que no existen razones de salud que la justifiquen. Desde la defensa, el abogado Alberto Beraldi sostuvo que la exmandataria es víctima de un intento de magnicidio y que su custodia es una obligación estatal, lo que complica su traslado a un penal común.

Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno nacional, a través del viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, habría intervenido para evitar un impacto político mayor ante una movilización masiva. La incógnita ahora es si las organizaciones sociales y políticas que impulsaban la marcha mantendrán la convocatoria tras conocerse la decisión del Tribunal.