En una nueva avanzada contra el sistema de salud público, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó el despido de 110 trabajadores del Hospital Posadas y confirmó que aplicará descuentos salariales a quienes se adhirieron a los paros en el Hospital Garrahan. La medida, que fue presentada como parte de una “auditoría interna”, generó una fuerte reacción entre gremios y profesionales de la salud, que denuncian persecución y vaciamiento.

El comunicado oficial no dejó lugar a dudas: el Ejecutivo calificó a los cesanteados del Posadas como “ñoquis” y prometió continuar con la política de despidos. “Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas. Vamos a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días”, sentenció el Ministerio. La medida se conoció poco después de la renuncia del director del hospital, en medio de una fuerte interna por los recortes y promesas incumplidas de bonos a residentes.

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Los trabajadores del Posadas denunciaron que los despidos se comunicaron de manera unilateral, sin ninguna instancia de diálogo ni revisión individual de los casos. “Presentamos dos notas pidiendo reuniones para explicar nuestra situación. Nunca nos contestaron. Y hoy estamos en la calle”, relató una enfermera que recibió el telegrama de despido.

Mientras tanto, en el Hospital Garrahan, el conflicto también escala: el Gobierno confirmó que se descontarán los días de paro a quienes se plegaron a las medidas de fuerza convocadas por ATE. “El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes”, afirmaron desde el Ministerio, que además solicitó el levantamiento de la conciliación obligatoria vigente.

La tensión se agravó con la sorpresiva salida de Soraya El Kik de la presidencia del Consejo de Administración del Garrahan, una decisión que cayó como una bomba en plena negociación. “El gobierno de Milei y el Consejo volvieron a echar nafta al fuego del grave conflicto”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, quien advirtió que los trabajadores organizarán una jornada de paro con movilización en repudio a lo que califican como “una ofensiva directa contra la salud pública”.

Desde ATE advirtieron que el ajuste “no solo es económico, sino político” y apunta a disciplinar a quienes se organizan para reclamar. “Desprecio por el diálogo, castigo al que lucha y desmantelamiento de las instituciones. Ese es el rumbo que eligió este Gobierno”, concluyeron. La salud, una vez más, paga los costos de la motosierra.