Cristina Fernández de Kirchner no quiere pisar una cárcel. Tras la decisión de la Corte Suprema que confirmó su condena por corrupción en la causa Vialidad, la ex presidenta presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2 solicitando cumplir la pena de seis años en su departamento de la calle San José, bajo prisión domiciliaria y sin control por tobillera electrónica. Los motivos que esgrimió: su edad (72 años), su condición de ex jefa de Estado, el intento de magnicidio que sufrió en 2022 y la imposibilidad, según su defensa, de garantizar su seguridad en una unidad carcelaria.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, argumentaron sus abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, quienes advirtieron que el encierro en una cárcel sería “incompatible con los estándares constitucionales” y la expondría a un régimen de aislamiento extremo y vigilancia permanente.

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Uno de los puntos más sensibles del pedido es el intento de asesinato del 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló a centímetros del rostro de la ex mandataria. La defensa recordó que uno de los involucrados en la causa tiene presuntos vínculos con personas del actual Ministerio de Seguridad, y aunque no mencionó nombres, apuntó de forma implícita contra el diputado Gerardo Milman y la ministra Patricia Bullrich.

En el mismo escrito, Cristina también pidió ser exceptuada del uso de la tobillera electrónica, a pesar de que es un requisito legal en la ejecución penal. Sus abogados afirmaron que esa medida es “completamente innecesaria” debido a que cuenta con custodia policial permanente.

La presentación llegó pocas horas después de que el juez Jorge Gorini ordenara que todos los condenados en la causa, incluida Cristina, se presenten en los tribunales de Comodoro Py en un plazo de cinco días para quedar detenidos. También solicitó al Ministerio de Seguridad que defina un lugar de alojamiento que contemple la edad y los riesgos particulares de la ex presidenta.

Ahora será el Tribunal el que deberá resolver si acepta o no la prisión domiciliaria sin tobillera. Antes de tomar la decisión, pedirá opinión a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya reclamaron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner y de los otros ocho condenados. La batalla judicial aún no terminó. Pero esta vez, la cuenta regresiva ya empezó.