La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en una decisión que cierra la vía judicial ordinaria y la inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo —firmado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratificó los seis años de prisión impuestos por el Tribunal Oral Federal N°2 y luego avalados por la Cámara de Casación.

Los jueces consideraron que no se vulneraron garantías constitucionales y que “el debido proceso ha sido salvaguardado”, en una resolución que validó “la profusa prueba producida en el expediente”. También rechazaron los cuestionamientos de la defensa en torno a supuestas reuniones entre magistrados y funcionarios, al sostener que “no constituyen causal válida de recusación”.

Desde la sede del Partido Justicialista, la expresidenta respondió con dureza al fallo y denunció una maniobra de proscripción: “El cepo al salario que ha puesto el Gobierno, el partido judicial lo completa con el cepo al voto popular”, declaró. En un tono desafiante, Cristina Kirchner cargó contra los jueces de la Corte a quienes calificó de “monigotes” y aseguró que detrás del fallo “no está la oposición, sino los grupos económicos concentrados”.

“La Argentina que estamos viviendo no deja de sorprendernos. Esto no va a terminar bien”, advirtió, y cuestionó también la política económica del Gobierno al preguntarse “cuánto más va a aguantar el país con un dólar planchado”.

La sentencia definitiva profundiza la tensión política en un contexto ya marcado por la polarización y deja al peronismo ante un escenario incierto, en el que deberá reconfigurar su liderazgo electoral. Aunque la pena de prisión no se ejecutará mientras Cristina Kirchner conserve fueros parlamentarios y hasta tanto no se pronuncien tribunales internacionales, la inhabilitación ya tiene efectos concretos: la exmandataria no podrá ser candidata a ningún cargo público.

Con esta resolución, la Corte pone punto final al expediente judicial más emblemático que enfrentó la expresidenta desde el fin de su mandato. Pero lejos de cerrar el capítulo político, el fallo abre una nueva etapa de confrontación institucional que promete escalar en las próximas semanas.