La tensión en el Hospital Garrahan no cede. Este martes comenzó un paro de 48 horas en reclamo de una urgente recomposición salarial, que incluirá una movilización al Congreso el miércoles a las 11. La medida, convocada por la Junta Interna de ATE y con alto acatamiento entre el personal de planta, se da en medio de denuncias por amenazas a residentes y una creciente frustración frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional.

“El Ejecutivo quiso cerrar el conflicto extorsionando a los residentes con despidos, pero lo único que logró fue multiplicar la bronca”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna. El dirigente aseguró que “los paros anteriores fueron masivos, y esta vez redoblamos la apuesta”.

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Desde el hospital —símbolo de la salud pediátrica pública en Argentina— exigen una recomposición real de los salarios básicos, rechazan el bono selectivo ofrecido solo a residentes y critican la ausencia de propuestas concretas en la última audiencia de conciliación obligatoria. “Nos fuimos con las manos vacías”, resumió la bioquímica Carolina Goedelman, jefa de clínica de Hematología.

Goedelman también denunció que a los residentes se les advirtió que serían despedidos si no levantaban sus medidas de fuerza. “Eso no es negociación, es una amenaza directa”, sostuvo.

La movilización del miércoles coincidirá con una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo. Desde allí, los trabajadores marcharán hacia Plaza de Mayo para exigir respuestas urgentes tanto al Ministerio de Salud como al Ejecutivo, a quienes acusan de ausentarse del conflicto.

“La situación es insostenible. Si esto sigue así, vamos a ver una fuga de profesionales capacitados que no pueden sostenerse con salarios de miseria”, advirtieron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

En un contexto crítico para la salud pública y bajo el peso de las políticas de ajuste, el conflicto del Garrahan se convierte en un nuevo foco de tensión que desafía al Gobierno de Javier Milei y expone los límites de su estrategia de desinversión estatal.