Tierra del Fuego está en alerta máxima. El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de aranceles para la importación de celulares, televisores, consolas de videojuegos y aires acondicionados, en una maniobra que promete bajar precios hasta un 30%, pero que golpea de lleno al corazón productivo de la provincia más austral del país. En un solo decreto, la gestión libertaria puso en jaque a más de 16 mil empleos y desató una ola de incertidumbre en una región donde el 50% de la economía gira en torno a la industria electrónica.

La medida, que según la Secretaría de Comercio busca “equiparar precios con la región” y “aumentar la oferta de modelos”, dispone que el arancel del 16% para celulares se reduzca a 8% de inmediato y desaparezca por completo en enero de 2026. También se recortará el impuesto interno del 19% al 9,5% para productos importados, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego pasarán del 9,5% al 0%. Las consolas de videojuegos, por su parte, dejarán de tributar el 35% para pasar a pagar un 20%.

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La reacción en la isla no se hizo esperar. Desde el Grupo Mirgor, uno de los principales actores del sector, con fuertes vínculos con el ministro de Economía Luis Caputo, señalaron: “Nos preocupa el impacto social y laboral que pudiera derivarse de las nuevas condiciones. El impacto real en el negocio todavía no se sabe”. La empresa, que también lidera la construcción de una nueva terminal de cruceros en Ushuaia, concentra una porción central del ensamblado de celulares y electrónica de consumo.

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) fueron más cautos, pero no menos claros. Advirtieron que la medida “puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la Isla”, aunque rescataron la baja del impuesto interno como un gesto a favor de la competitividad.

Los números son contundentes. En 2023, la industria electrónica fueguina facturó más de 2.900 millones de dólares. Río Grande depende en un 50% de esta actividad, y su producción cayó otro 50% en el último año. En Ushuaia, donde el turismo actúa como un colchón económico, la mitad de la población ya está por debajo de la línea de pobreza. “Hace una década trabajamos para adaptarnos a distintos escenarios. Estamos aguardando el detalle de las medidas para evaluar su impacto”, dijeron desde Mirgor, sin ocultar la inquietud creciente.

El Gobierno confía en que abrir la economía permitirá reducir los costos para los consumidores. El propio Caputo justificó la decisión con un ejemplo que busca impacto: aseguró que hay textiles que se compran por “4,5 dólares y se venden a 50” en los shoppings. Pero las experiencias recientes, como la liberalización de importaciones de alimentos, muestran que el efecto en los precios suele ser menor al prometido. En este caso, los funcionarios apuntan contra la carga impositiva como principal culpable del encarecimiento, sin considerar variables como el atraso cambiario o la falta de competitividad estructural de la economía.

El decreto también pone en discusión el régimen de promoción industrial, que fue extendido hasta 2038 durante la gestión anterior bajo el compromiso de que las empresas aporten un 15% del IVA exento a un fondo para diversificar la matriz productiva provincial. Aunque esa estructura se mantenía en el proyecto de Presupuesto actual, la apertura irrestricta a productos del exterior amenaza con vaciarlo de contenido y sentido. La “isla tecnológica” corre el riesgo de transformarse en una isla fantasma.

A la tensión económica se suma el trasfondo político. Javier Milei ya había sido declarado “persona no grata” por la Legislatura fueguina luego de calificar como “un gasto” la defensa de la soberanía sobre las Malvinas. Hoy, más allá de las palabras, las decisiones concretas del Ejecutivo parecen estar dinamitando uno de los pocos polos industriales del país, en una provincia donde cada empleo cuenta. La apertura que prometía modernización puede terminar dejando oscuridad. Y Tierra del Fuego, otra vez, queda al borde del apagón.