El Senado le dio este jueves un golpe político e institucional al Gobierno nacional al rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los dos postulantes que la Casa Rosada pretendía instalar en la Corte Suprema. Con 43 votos negativos para Lijo y 51 para García Mansilla, el rechazo dejó sin efecto la designación en comisión que había decretado el Ejecutivo y selló una contundente derrota para el oficialismo, que quedó aislado y sin respaldo político en su avanzada sobre el Poder Judicial.

La sesión fue convocada por sectores de la oposición, que lograron reunir quórum gracias al respaldo de Unión por la Patria, parte de la UCR, el PRO y legisladores disidentes del bloque libertario. El clima en el recinto fue de alta tensión desde el arranque, con la vicepresidenta Victoria Villarruel ausente y el oficialismo sin capacidad de conducir el debate: la senadora Silvia Sapag (UP) debió presidir la sesión ante la negativa del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

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El rechazo no solo implica un freno a las aspiraciones del Gobierno de moldear la Corte a su medida, sino que también desató un conflicto institucional inédito. García Mansilla ya había comenzado a firmar fallos como integrante del máximo tribunal, pese a no contar con acuerdo legislativo, y fue alcanzado durante la sesión por una medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla que le impide seguir ejerciendo el cargo.

El tratamiento de los pliegos también reflejó fisuras internas en el oficialismo: varios senadores que responden a La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron, y el único discurso en defensa de los candidatos —a cargo del riojano Juan Carlos Pagotto— quedó desdibujado entre contradicciones e interrupciones.

Desde la oposición, los discursos cruzaron todo el arco político, con énfasis en la defensa de la Constitución y el rechazo a las designaciones por decreto. “Es absolutamente inconstitucional”, denunció el formoseño José Mayans, mientras Martín Lousteau recordó que “hace 115 años que no se intentaba una maniobra así”. Desde el PRO, Guadalupe Tagliaferri también votó en contra: “No puedo acompañar una Corte sin mujeres y con candidatos que violaron el procedimiento”.

Tras el traspié, la Casa Rosada reaccionó con dureza: en un comunicado, acusó al Senado de ser “una máquina de impedir” y de “obstruir el futuro de la Nación”. Sin embargo, ni siquiera sus aliados salieron a respaldar abiertamente al Ejecutivo. El radical Eduardo Vischi fue contundente: “Hay un proceso ininterrumpido de errores que está afectando directamente a la economía y a las instituciones”.

Con los pliegos rechazados y la legitimidad de las designaciones cuestionada, el Gobierno suma una nueva derrota parlamentaria y queda expuesto a una crisis institucional de final abierto. El intento de imponer jueces sin acuerdo del Senado no solo fracasó: abrió un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.