El conflicto que amenazaba con paralizar el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue finalmente desactivado, tras una negociación entre el gobierno de Axel Kicillof y las empresas de transporte. La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) había anunciado un paro total para el domingo 9 de febrero, que habría afectado a miles de pasajeros en el conurbano, pero el acuerdo alcanzado con la administración bonaerense permitió evitar esta medida de fuerza.

El paro había sido convocado por las empresas ante la falta de subsidios para afrontar los costos operativos. Según el presidente de la CTPBA, Guillermo Morales, la protesta no tenía motivaciones políticas, sino que respondía a la necesidad urgente de recibir los fondos adecuados para poner en marcha los colectivos. "La liquidez está comprometida y no se pueden afrontar los gastos corrientes básicos para poner los coches en marcha", había explicado.

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El conflicto también puso en evidencia la disputa entre el gobierno nacional y el bonaerense por el financiamiento del transporte público. Desde septiembre, el gobierno de Javier Milei decidió recortar los subsidios a las líneas de colectivos que no cruzan la General Paz o el Riachuelo, dejando a las empresas locales sin los fondos necesarios para mantener el servicio.

Tras una reunión virtual entre la CTPBA y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se acordó el pago de los subsidios pendientes, lo que permitió suspender el paro. Sin embargo, las autoridades del sector no descartan nuevos conflictos si la Nación no actualiza la estructura de costos, que lleva meses sin ser revisada.

Además, la UTA, el gremio de los trabajadores del transporte, anunció que en febrero comenzarán las negociaciones paritarias, lo que podría desembocar en nuevos reclamos salariales y agravar aún más la crisis del sector, poniendo en riesgo la continuidad del servicio.

Si bien el paro ha sido evitado por ahora, la situación del transporte público en el AMBA sigue siendo crítica. Las tensiones entre la Nación y la Provincia, junto con la falta de recursos, mantienen en vilo a los usuarios y a las autoridades.