La discusión por el futuro de las políticas destinadas a las personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. Representantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica se reunieron con legisladores de distintos espacios políticos para expresar su preocupación por las medidas del Gobierno nacional y reclamar que se garantice la continuidad de la emergencia en el sector.

Los encuentros se desarrollaron el martes 20 de octubre, en la antesala del debate legislativo previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados. Durante las reuniones, los referentes religiosos transmitieron las inquietudes de las familias, las instituciones y las organizaciones que dependen de prestaciones, tratamientos y servicios vinculados con la discapacidad.

La conversación más tensa tuvo lugar con representantes de La Libertad Avanza y sus bloques aliados. Allí, los integrantes de la delegación religiosa insistieron en la necesidad de preservar un marco legal que proteja los derechos de las personas con discapacidad y garantice el acceso a la asistencia, la inclusión y los servicios esenciales.

“Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”, fue el mensaje que transmitieron durante las conversaciones. La frase sintetiza el planteo de la Iglesia sobre los límites que, a su entender, deben tener las políticas de ajuste cuando están en juego las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Desde la Pastoral Social sostienen que la prórroga de la ley de emergencia es una herramienta central para evitar interrupciones en las prestaciones y brindar previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.

El principal punto de desacuerdo es el proyecto impulsado por el oficialismo, que propone establecer un régimen permanente para el sector en lugar de limitarse a extender la emergencia vigente. Mientras los representantes libertarios defienden la iniciativa como una alternativa superadora, las organizaciones cuestionan sus alcances y advierten que podrían perderse garantías actualmente contempladas.

Durante el encuentro con los legisladores oficialistas, los representantes religiosos plantearon una pregunta que refleja sus dudas sobre la propuesta: “¿Pero si es una copia por qué no prorrogan la original?”. Según el relato de los participantes, la respuesta no logró despejar la incertidumbre sobre las diferencias entre ambas iniciativas.

Las objeciones también apuntan a las posibles modificaciones que pueda sufrir el proyecto durante su tratamiento parlamentario. Desde la Iglesia señalaron que necesitan conocer el texto definitivo para evaluar sus consecuencias concretas sobre las prestaciones, los derechos y la atención que reciben las personas con discapacidad.

Desde Roma, monseñor Jorge Lozano expresó su preocupación por el escenario y advirtió sobre el impacto de las decisiones legislativas en la vida cotidiana de miles de personas.

“Estamos siguiendo con mucha preocupación estas cuestiones legales porque afectan de manera particular a las personas de todo el país. Nos afecta en el servicio que le damos a las personas y su inclusión educativa. Es su calidad de vida. Hay gente que padece y sufre una situación muy dura”, manifestó en declaraciones a Infobae.

La intervención del Episcopado se produjo después de una reunión mantenida semanas atrás con autoridades del Ministerio de Salud. Según los representantes del sector, los reclamos todavía no encontraron respuestas suficientes, aunque desde el oficialismo les transmitieron que las compensaciones pendientes estaban preparadas para ser abonadas.

Otro de los motivos de preocupación es el calendario legislativo. Los referentes religiosos temen que un nuevo trámite parlamentario demore las soluciones y genere más incertidumbre. También advirtieron sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete total o parcialmente la norma que finalmente apruebe el Congreso.

Las organizaciones reclaman, además, que se respeten los espacios de participación y consulta antes de avanzar con modificaciones que afectan directamente a las personas con discapacidad. Consideran que las decisiones deben contemplar la experiencia de las familias, los profesionales y las instituciones que trabajan cotidianamente en el sector.

“Venimos de tres años de vulnerar derechos de manera sistemática, es difícil tener confianza”, señalaron desde uno de los espacios que participaron de las conversaciones. En ese sentido, insistieron en que la discusión no puede reducirse al equilibrio de las cuentas públicas, sino que debe contemplar la dignidad, la inclusión y las condiciones de vida de miles de personas.

Además de los encuentros con La Libertad Avanza y sus aliados, la delegación de la Pastoral Social mantuvo reuniones con legisladores de Unión por la Patria y Provincias Unidas, con quienes encontró mayores puntos de coincidencia.

La disputa legislativa deja en evidencia las diferencias sobre cómo garantizar la protección de las personas con discapacidad y sostener las prestaciones. Para la Iglesia y las organizaciones del sector, el desafío es que cualquier cambio normativo preserve los derechos adquiridos, brinde previsibilidad y evite que las familias queden desprotegidas frente a la incertidumbre económica y administrativa.