La salud pediátrica vuelve a quedar en el centro del debate público. Este miércoles 21 de octubre vence la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, junto con trabajadores y organizaciones sociales, se movilizarán frente al Congreso para exigir respuestas ante los problemas que, según denuncian, persisten en la atención médica infantil.

La concentración principal está prevista para las 14 en la Plaza de los Dos Congresos. Las familias reclaman una ley permanente que garantice los recursos necesarios para la atención pediátrica y advierten sobre dificultades para conseguir medicamentos, insumos, turnos, operaciones, tratamientos y estudios médicos.

La jornada coincidirá con la tradicional marcha de jubilados y con una nueva movilización de organizaciones de personas con discapacidad. También está prevista una misa junto a representantes de la Opción por los Pobres y la Mesa Ecuménica. La convocatoria se produce una semana después de los incidentes y la represión denunciados en las inmediaciones del Congreso durante una protesta en la que participaron trabajadores y pacientes del Garrahan.

Desde la organización Soy Garrahan insistieron en la necesidad de que el Congreso avance con una normativa definitiva y cuestionaron que la atención pediátrica dependa de declaraciones de emergencia temporales. Las familias sostienen que la falta de respuestas puede agravar cuadros clínicos y poner en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

El Ministerio de Salud, por su parte, había defendido las medidas adoptadas en el hospital y sostenido que la emergencia no era necesaria. Desde la cartera sanitaria describieron los cambios como un reordenamiento de las cuentas destinado a poner en marcha un plan de obras y afirmaron que las autoridades del Garrahan niegan la existencia de faltantes de medicamentos.

Sin embargo, los testimonios de familiares reflejan una situación diferente. Noemí, madre de Adriana, una niña con síndrome de Lennox-Gastaut, denunció que su hija pasó cuatro meses sin recibir la medicación indicada y que durante ese período su estado se deterioró considerablemente. Según relató, las convulsiones pasaron de registrarse unas cuatro veces por semana —o incluso no presentarse— a producirse entre 12 y 13 veces por día. También afirmó que, tras una reanudación irregular del tratamiento, volvió a atravesar otros dos meses sin acceso al medicamento.

Los reclamos también alcanzan a obras sociales, empresas de medicina prepaga y programas de cobertura como Incluir Salud, a los que las familias señalan por las dificultades para garantizar prestaciones. En tanto, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, denunció ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados que el Gobierno no estaría autorizando medicamentos oncológicos para niños atendidos en el Garrahan.

En paralelo, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de Ley de Salud Pediátrica y Residencias Nacionales, elaborado junto con trabajadores hospitalarios y familiares de pacientes. La iniciativa busca priorizar recursos para medicamentos, vacunas, insumos críticos, tecnología médica, mantenimiento de infraestructura y personal esencial para los servicios pediátricos. Sus impulsores solicitaron al titular de la Comisión de Salud, Manuel Quintar, que comience el tratamiento, aunque la propuesta continúa sin debate en comisiones.

La protesta incluirá además los reclamos del sector de la discapacidad. Las organizaciones se concentrarán desde las 11 y cuestionarán una iniciativa oficialista que recibió dictamen de mayoría, al considerar que podría generar retrocesos en derechos y prestaciones. También exigirán la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y garantías para sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad y sus familias.

Con el vencimiento de la emergencia pediátrica como telón de fondo, las familias del Garrahan volverán a llevar sus demandas al Congreso. El reclamo central apunta a que el acceso a medicamentos, tratamientos y atención especializada no dependa de medidas transitorias, sino de políticas sostenidas que aseguren la continuidad de la atención de niños y niñas.