El Gobierno nacional busca evitar un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires mediante un aumento de los subsidios, aunque las cámaras empresarias todavía no resolvieron si aceptarán la propuesta o llevarán adelante una medida de fuerza. La decisión podría conocerse durante las próximas horas y, según las alternativas que se analizan, el cese de actividades o la reducción de frecuencias comenzaría el miércoles.

En caso de concretarse, la medida solo alcanzaría a las líneas nacionales que cruzan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La protesta podría afectar el traslado diario de miles de pasajeros y sumar tensión a un sistema de transporte que ya atraviesa dificultades por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las empresas.

La Secretaría de Transporte recibió en el Palacio de Hacienda a representantes de las cámaras CETUBA, CTPBA, CEAP y AAETA. Las tres primeras, junto con CEUTUPBA, son las entidades que impulsan el reclamo. El encuentro fue encabezado por el titular del área, Mariano Plencovich, quien presentó una actualización de la estructura de costos vigente desde octubre y un esquema de incrementos progresivos para acompañar la evolución de los gastos operativos y otorgar mayor previsibilidad al sector.

De acuerdo con el comunicado oficial, la actualización tendrá impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas. Además, el Gobierno propuso regularizar en tres cuotas una deuda de aproximadamente 40.000 millones de pesos correspondiente a subsidios atrasados.

Las cámaras atribuyen ese incumplimiento a un error en la proyección de la recaudación para el período comprendido entre junio y octubre. Transporte también anticipó que modificará la forma de calcular los subsidios para contemplar, entre otros aspectos, las previsiones salariales de los próximos meses y el pago del medio aguinaldo de fin de año.

Sin embargo, el principal reclamo empresario es una suba directa de la tarifa, que permitiría mejorar los ingresos de manera inmediata sin depender de subsidios que, según sostienen, suelen pagarse con varios meses de demora. El Gobierno se niega por ahora a aumentar el boleto porque considera que una nueva suba tendría un impacto directo sobre la inflación.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el objetivo es mejorar las condiciones económicas de la prestación sin trasladar automáticamente cada incremento de costos a los pasajeros. En ese sentido, remarcaron que desde diciembre de 2023 el boleto mínimo aumentó 1.303%, frente a una inflación acumulada del 344%.

Las cámaras empresarias analizarán la propuesta de manera individual y convocarán a sus asociados para definir cómo continuar. Entre las opciones que se evalúan figuran un lockout patronal total y una reducción de frecuencias, que tendría un impacto menor sobre el servicio, aunque también podría generar demoras y mayores tiempos de espera.

La situación se da en un contexto de tensión en el transporte público, luego de que los Metrodelegados resolvieran un paro total de subtes por tiempo indeterminado. Si ambas medidas coincidieran, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano podrían enfrentar una fuerte interrupción del transporte durante la semana.

En caso de confirmarse el paro, la medida alcanzaría a unas 88 líneas nacionales administradas por la Secretaría de Transporte de la Nación, que son las que cruzan el límite entre la Ciudad y el conurbano. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 87, 91, 92, 93, 95, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145B, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 184, 188 y 197.

No se verían afectadas las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad ni aquellas que prestan servicio solo dentro del conurbano bonaerense y dependen de la Provincia o de los municipios. La definición final quedará en manos de las cámaras empresarias, que deberán resolver si la propuesta oficial alcanza para evitar una nueva crisis en el transporte metropolitano.