La Justicia ordenó al Gobierno de Javier Milei aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido su implementación.

La decisión fue adoptada este martes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.

En su fallo, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la norma y dictar las disposiciones reglamentarias y ejecutivas necesarias para ponerla en práctica. La resolución cuestionó específicamente el Decreto 759/2025, utilizado por el Gobierno para postergar la aplicación de la ley.

La normativa había sido aprobada por el Congreso y ratificada por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Sin embargo, desde la Casa Rosada habían argumentado que la ley no establecía de qué manera se financiarían los nuevos gastos presupuestarios.

Con ese fundamento, el Gobierno había dispuesto que los aumentos no se aplicarían hasta que se definiera una fuente de financiamiento. La Justicia, no obstante, consideró que el Poder Ejecutivo no podía suspender de hecho una ley sancionada por el Congreso.

La Federación de Docentes de las Universidades sostuvo que la Constitución Nacional exige el cumplimiento inmediato de la norma una vez que fue aprobada y promulgada. Desde esa organización también señalaron que el fallo representa un respaldo a la autonomía universitaria y a los derechos de docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

La Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos para actualizar el presupuesto de las universidades nacionales de acuerdo con la inflación. Además, contempla la recomposición de los salarios del personal docente y no docente, fondos para becas y recursos destinados a la investigación científica.

Desde la Federación señalaron que la resolución confirma que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse desconociendo la Constitución Nacional, la autonomía universitaria ni los ingresos de quienes trabajan en el sistema educativo y científico.

El fallo se conoció en medio de una nueva etapa de reclamos de la comunidad educativa. El Consejo Interuniversitario Nacional anunció que este miércoles 7 de octubre realizará una reunión de rectoras y rectores en Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento pleno de la ley.

La convocatoria está prevista para las 14.30 y formará parte de la reunión mensual del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional. Según indicaron, el encuentro tendrá como objetivo reiterar el reclamo por la aplicación efectiva de la norma y analizar los pasos a seguir.

Además, la decisión judicial fue comunicada una semana antes de una nueva marcha federal universitaria. La movilización se realizará el jueves 15 de octubre y tendrá su epicentro frente al Congreso de la Nación, con réplicas en distintas provincias.

La comunidad universitaria volverá a manifestarse en rechazo de las políticas del Gobierno nacional y para reclamar la actualización de los presupuestos, la recomposición salarial y el fortalecimiento de la educación pública y del sistema científico.