El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la denominada Inocencia Fiscal II, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones, y fue aprobado con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales.

La reforma amplía el régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede cuestionar la información presentada por los contribuyentes. Entre los cambios centrales se encuentran la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y una modificación del concepto de “discrepancia significativa”.

El Gobierno sostiene que el objetivo es simplificar las obligaciones tributarias y generar condiciones para que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal puedan incorporarse a la economía registrada. Durante el tratamiento parlamentario, funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron la ampliación del régimen y plantearon que el sistema existente podía extenderse a un universo mayor de contribuyentes.

La iniciativa también modifica las herramientas con las que ARCA puede revisar las declaraciones de quienes adhieran al régimen. La reforma busca limitar la posibilidad de que determinadas inconsistencias detectadas por el organismo, por sí solas, puedan sustentar ajustes tributarios, estableciendo nuevas condiciones para la intervención del organismo recaudador.

Uno de los puntos que generó mayor discusión durante el tratamiento parlamentario fue el alcance de los beneficios para funcionarios públicos. A diferencia del proyecto original, la versión que llegó al Senado incorporó una exclusión específica para quienes ocupan o hayan ocupado determinados cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen.

La restricción alcanza a funcionarios y empleados con rango igual o superior a secretario de Estado, legisladores nacionales, provinciales y porteños, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados judiciales y del Ministerio Público y determinados integrantes de organismos de control, entre otros cargos. Estas personas pueden utilizar la modalidad simplificada para presentar sus declaraciones, pero quedan fuera de las presunciones y demás beneficios tributarios previstos por el régimen.

Durante el debate, sectores de la oposición plantearon que la exclusión debía alcanzar también a familiares directos de las personas políticamente expuestas. El senador peronista Fernando Salino propuso extender la obligación de responder ante ARCA por los incrementos patrimoniales a funcionarios, cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primero y segundo grado.

La discusión sobre este punto mostró una diferencia entre la exclusión de los funcionarios y el alcance que finalmente tendrán los controles sobre sus familiares. La propuesta para ampliar esas restricciones no prosperó en el tratamiento de la iniciativa.

Otro de los aspectos centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado. De esta manera, el universo potencial de contribuyentes alcanzados por la modalidad se amplía respecto del esquema anterior.

La oposición cuestionó que la ampliación del régimen y la reducción de determinadas herramientas de fiscalización puedan limitar la capacidad del Estado para detectar inconsistencias patrimoniales y operaciones que requieran una revisión más profunda. El peronismo también vinculó la iniciativa con un mecanismo destinado a facilitar la incorporación de dólares que permanecen fuera del circuito formal.

El oficialismo, en cambio, sostiene que la reforma busca generar mayor previsibilidad para los contribuyentes, reducir la carga administrativa y favorecer la formalización de ahorros. La iniciativa profundiza así el esquema de Inocencia Fiscal que el Congreso había aprobado a fines de 2025.

La votación de este jueves representó además un nuevo acuerdo parlamentario entre el Gobierno y distintos bloques aliados. La iniciativa había recibido media sanción en Diputados el 26 de agosto, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, antes de ser girada al Senado.

Con los 44 votos afirmativos obtenidos en la Cámara alta, Inocencia Fiscal II quedó finalmente convertida en ley. La nueva normativa modifica el régimen simplificado de Ganancias, amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder a él y establece nuevas condiciones para la fiscalización de ARCA, mientras mantiene restricciones específicas para funcionarios públicos de alta responsabilidad.