El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei vuelve a poner bajo la lupa el régimen de asignaciones familiares y, en particular, la protección de los ingresos de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La discusión adquiere relevancia porque el régimen vigente establece un mecanismo de movilidad para las asignaciones familiares. La Ley 27.160 dispone que estas prestaciones son móviles y que la actualización alcanza tanto los montos como los límites y rangos de ingresos familiares que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

Ese esquema continuó aplicándose durante 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó actualizaciones periódicas de los montos y de los rangos de ingresos. En abril, por ejemplo, el incremento fue del 2,90%, mientras que en julio alcanzó el 2,15%.

La actualización continuó incluso durante septiembre. La Resolución 260/2026 de ANSES estableció un aumento del 2,11% para los montos, límites y rangos de las asignaciones familiares correspondientes a ese período. La propia resolución señala que el cálculo se realizó en función de la movilidad prevista por la normativa vigente.

Por eso, uno de los puntos centrales que abre el Presupuesto 2027 es qué sucedería con este mecanismo si prosperan las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. El interrogante no es menor: si la actualización automática fuera modificada, las prestaciones podrían quedar sujetas a decisiones posteriores en lugar de acompañar de manera periódica la evolución prevista por el régimen de movilidad.

La normativa vigente establece que la movilidad no solo se aplica sobre los montos de las asignaciones, sino también sobre los límites y rangos de ingresos familiares. Además, dispone que la aplicación del índice no puede producir una disminución del valor de la asignación.

El antecedente inmediato es el Decreto 194/2024, que modificó aspectos de la Ley 27.160 y mantuvo la aplicación de la movilidad sobre los montos de las asignaciones y sobre los límites y rangos de ingresos. Desde entonces, ANSES continuó publicando las actualizaciones correspondientes mediante resoluciones periódicas.

La importancia de la discusión se explica por el impacto que cualquier cambio puede tener sobre el poder adquisitivo de las familias beneficiarias. Si una prestación deja de acompañar la evolución de los precios, puede perder valor real aun cuando el monto nominal continúe aumentando.

El debate también se relaciona con la situación económica de los hogares de menores ingresos. La AUH forma parte del sistema de protección social y su evolución tiene un impacto directo sobre las familias que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

En este contexto, el Presupuesto 2027 abre una discusión que deberá atravesar el Congreso. Allí se analizará el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y podrán plantearse modificaciones antes de que eventualmente se convierta en ley.

Mientras tanto, el régimen vigente continúa contemplando actualizaciones. La tabla oficial de ANSES, por ejemplo, ya refleja los montos correspondientes a septiembre de 2026 después de la aplicación del incremento dispuesto por la Resolución 260/2026.

La discusión de fondo pasa ahora por determinar si durante 2027 las asignaciones familiares y la AUH conservarán un mecanismo de actualización vinculado a la movilidad vigente o si el nuevo esquema presupuestario modificará las reglas que determinan cómo evolucionan estas prestaciones.

Para millones de familias, no se trata solamente de una cuestión presupuestaria: cualquier cambio en la forma de actualizar la AUH y las asignaciones familiares puede determinar cuánto poder de compra conservarán esos ingresos frente al costo de vida.