La defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva prueba que, según sostiene, podría modificar el análisis de la causa Vialidad y abrir la posibilidad de solicitar una revisión de la condena contra la expresidenta. Se trata de una planilla interna de la Dirección Nacional de Vialidad que apareció durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos.

Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa para explicar el alcance del documento y plantearon que la información incorporada al expediente contradice la hipótesis de que durante los gobiernos kirchneristas se direccionaron licitaciones de obra pública para beneficiar al empresario Lázaro Báez.

Beraldi explicó que el 6 de agosto, durante una audiencia de la causa Cuadernos, un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad citado como testigo por la Fiscalía presentó una planilla con el detalle de las inversiones realizadas por el organismo entre 2009 y 2015.

“Nos encontramos que entre ese período, la inversión que se había hecho era enorme, más de 2.000 millones de dólares, pero lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%. Esto demuestra, con un elemento concreto, que lo que se había dicho en la sentencia, que se lo había querido beneficiar a Lázaro Báez, era falso”, sostuvo el abogado.

Según la interpretación de la defensa, las empresas vinculadas a Báez tenían una participación reducida entre las principales adjudicatarias de obras públicas durante ese período. En contraposición, Beraldi señaló que el mayor porcentaje de los fondos habría correspondido a una compañía vinculada a la familia Macri.

Durante la presentación, Valim mostró los porcentajes que surgen de la documentación. De acuerdo con los datos exhibidos, IECSA S.A., fundada por Franco Macri, recibió el 16,36% del total de una inversión que los abogados ubicaron en aproximadamente 2.200 millones de dólares entre 2009 y 2015.

“Esos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible”, afirmó Valim al referirse a la información presentada durante la conferencia.

Para los abogados de la expresidenta, el documento constituye un elemento que no estaba disponible al momento en que se dictó la sentencia y que podría tener incidencia sobre uno de los fundamentos utilizados para sostener la existencia de un mecanismo destinado a favorecer a Báez.

La defensa analiza incorporar la documentación a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, anticipó que estudiará la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

“Hoy tenemos un elemento prueba nuevo que no existía en el momento en que se emitió la sentencia”, sostuvo Beraldi durante la conferencia de prensa.

Cristina Kirchner cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, luego de lo cual sus abogados recurrieron a una instancia internacional ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

La expresidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la causa Vialidad, vinculada con 51 licitaciones de obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Ahora, la defensa busca que el nuevo elemento sea incorporado y evaluado por las instancias correspondientes. El planteo apunta directamente contra uno de los argumentos centrales utilizados para sostener que existió un mecanismo destinado a beneficiar al empresario Lázaro Báez mediante la adjudicación de obras públicas.

El nuevo documento no implica por sí mismo una modificación de la condena, pero los abogados consideran que puede convertirse en un elemento relevante para intentar reabrir la discusión judicial sobre algunos de los fundamentos de la sentencia.