El conflicto entre los trabajadores del Hospital Garrahan y las autoridades nacionales volvió a escalar y sumó un nuevo capítulo judicial. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) amplió sus reclamos por presunta persecución gremial y presentó una denuncia contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el director del establecimiento, Mariano Pirozzo, para que se investigue el manejo de fondos millonarios.

La disputa tiene como antecedente los reclamos salariales que atravesaron al hospital durante la primera etapa de la gestión de Javier Milei. En noviembre de 2025, los trabajadores consiguieron un aumento del 61%, pero la tensión no desapareció y posteriormente se incorporaron nuevos cuestionamientos relacionados con el funcionamiento del establecimiento, la falta de personal y la disponibilidad de insumos.

El conflicto se profundizó el 31 de agosto, cuando se conoció el desplazamiento de Norma Lezana, nutricionista y referente gremial de APyT. Según sus abogadas, la trabajadora se encontraba realizando una licencia gremial y todavía no había recibido una notificación formal sobre su cesantía.

Lezana relacionó su situación laboral con las denuncias que el sindicato viene realizando sobre la administración de los recursos del hospital. De acuerdo con lo planteado por la referente gremial, a partir de un informe económico que la Justicia obligó a presentar al Garrahan, APyT detectó que fondos destinados a la compra de prótesis y medicamentos de alto costo se encontraban colocados en distintos instrumentos financieros.

Las abogadas Alejandra Giordano y Mariana Chiacchio sostienen que la desvinculación de Lezana constituye un acto discriminatorio. Desde la conducción del hospital, Pirozzo justificó la medida con el argumento de que la trabajadora no habría atendido pacientes.

Las presentaciones judiciales quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo de María Servini. Una de ellas cuestiona los sumarios iniciados contra Lezana y otros 44 profesionales del establecimiento, mientras que la segunda apunta específicamente al manejo de los fondos y tiene como denunciados a Lugones y Pirozzo.

La defensa de Lezana también cuestionó el desarrollo de los procedimientos administrativos y señaló presuntas irregularidades durante los sumarios. Entre ellas, mencionó que se convocó como testigo a favor de la trabajadora a una persona que se encontraba de vacaciones y que, pese a esa situación, no se aceptó modificar la fecha de su declaración.

Las abogadas también cuestionaron que las autoridades rechazaran una prueba destinada a determinar si delegados de otros sindicatos con representación en el Garrahan, como Sutecba y UPCN, realizan tareas durante sus respectivas licencias gremiales. Para la defensa, ese elemento debería ser analizado dentro de la denuncia por presunta discriminación.

La estrategia judicial apunta a conseguir la nulidad de los sumarios que involucran tanto a Lezana como a los otros 44 trabajadores. En ese marco, las abogadas señalaron además la existencia de un fallo de Casación relacionado con hechos ocurridos en octubre de 2025, en el que se determinó que no había delito y que la cuestión estaba vinculada con el derecho a la protesta.

La denuncia contra Lugones y Pirozzo se concentra en el destino de los recursos financieros del hospital. APyT solicitó que se determine si pudo existir una eventual malversación de caudales públicos y cuál fue el destino de los fondos. La presentación surgió después de un amparo promovido por el sindicato para acceder a información que, según denunciaron, las autoridades no habían entregado.

Según el informe presentado por la administración del Garrahan el 29 de junio, al 31 de diciembre de 2025 el hospital contaba con $58.107.618.576,02 colocados en inversiones financieras. APyT precisó que aproximadamente $40.899 millones correspondían a bonos, títulos y letras, mientras que otros $17.208 millones estaban depositados en un fondo común de inversión.

El gremio también señaló que el monto colocado en bonos había aumentado en $4.691 millones entre 2024 y 2025, mientras que los aportes nominales de la Nación al hospital habían descendido de $304.627 millones a $252.077 millones. Para APyT, la combinación de ambos datos requiere una investigación sobre la administración de los recursos públicos destinados a la institución.

La conducción del hospital sostiene una interpretación diferente. Según explicaron las autoridades, las inversiones están contempladas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019, que establece que los excedentes de organismos públicos deben colocarse en títulos públicos.

Desde esa perspectiva, la existencia de activos financieros no implica que el Garrahan disponga de $58 mil millones sin necesidades que atender. La explicación oficial sostiene que se trata de fondos colocados para preservar la previsibilidad financiera de una institución de alta complejidad.

La disputa por los recursos se desarrolla, además, en medio de fuertes cuestionamientos sobre la situación del personal. APyT sostiene que el hospital atraviesa un déficit de trabajadores debido a las renuncias vinculadas con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y a la falta de reposición de cargos.

Durante el acto por el 39° aniversario de la institución, realizado en agosto, Lezana había advertido que el Garrahan no había repuesto a los profesionales que renunciaron por los bajos salarios ni recuperado la dotación necesaria de personal de Enfermería. Según la referente gremial, el faltante de trabajadores había alcanzado un nivel “peligrosamente alto, al límite de la mala praxis”.

Con las nuevas presentaciones judiciales, el conflicto vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el Gobierno nacional, la conducción del Garrahan y sus trabajadores. Mientras APyT reclama que se investigue el manejo de los fondos y denuncia una presunta persecución gremial, las autoridades del hospital defienden la legalidad de las inversiones y cuestionan los argumentos planteados por el sindicato.