Las cuentas públicas del Gobierno de Javier Milei quedaron nuevamente bajo la lupa a partir de una controversia sobre la manera en que fueron registradas las transferencias realizadas a la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. De acuerdo con un análisis basado en documentación oficial, una parte de esos fondos no habría sido incorporada como gasto en los balances nacionales, una situación que podría modificar de manera significativa el resultado fiscal informado por la administración.

Durante el primer semestre del año, la Nación transfirió al Gobierno porteño alrededor de 676 mil millones de pesos como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema que estableció un nuevo esquema de coparticipación para la Ciudad. A esa cifra se sumarían otros 250 mil millones correspondientes a julio y agosto, que tampoco aparecerían registrados en las cuentas nacionales como una erogación.

La diferencia surgió al comparar las planillas de ejecución presupuestaria de la Nación con la documentación publicada por la administración porteña. En los registros de la Ciudad aparece discriminado un ingreso de 675.333.966.298,25 pesos durante el primer semestre, bajo el concepto “Transferencia a cuenta de costo, costas, acc e ints Expediente CSJN 1865/2020”.

El contraste con la información nacional genera el principal interrogante. En las planillas de ejecución presupuestaria de la Nación figura durante febrero una transferencia de 87.783,91 millones de pesos bajo el concepto “Cumplimiento de medida cautelar CSJN 1864/2020”. La diferencia entre ambos registros permite estimar que durante julio y agosto la Ciudad habría recibido además unos 250 mil millones de pesos que no estarían reflejados como gasto en las cuentas nacionales.

El punto central de la discusión es que no se trata de una obligación futura ni de una deuda que todavía deba ser cancelada. Son fondos que fueron efectivamente transferidos y que llegaron a las arcas porteñas. Por eso, el debate se concentra en el tratamiento contable que recibieron esas operaciones y en el efecto que esa metodología puede tener sobre los resultados fiscales que comunica el Gobierno.

El impacto adquiere relevancia al observar las cifras oficiales. Durante el primer semestre, la Secretaría de Hacienda informó un superávit primario de 7.327.029 millones de pesos y un resultado financiero positivo de 1.456.194 millones. Si se incorporaran las transferencias a la Ciudad que figuran en la documentación porteña, esos resultados se reducirían de manera considerable, hasta aproximadamente 6,7 billones de pesos en el resultado primario y unos 790 mil millones en el financiero.

La situación también se habría producido en julio. Ese mes, el Sector Público Nacional informó un superávit financiero de 244.897 millones de pesos y un resultado primario positivo de 2.960.333 millones. Sin embargo, según las estimaciones mencionadas, tampoco se habría contabilizado allí una transferencia vinculada con el fallo de la Corte Suprema, calculada entre 120 mil y 140 mil millones de pesos.

La discusión no es menor porque el resultado fiscal constituye uno de los principales indicadores utilizados por el Gobierno para evaluar y comunicar el desempeño de su programa económico. El superávit fiscal se convirtió además en una de las principales banderas de la gestión de Milei y en una herramienta central para transmitir fortaleza ante los mercados y cumplir con los compromisos asumidos en materia fiscal.

Por ese motivo, cualquier diferencia significativa entre el resultado oficialmente informado y el que surgiría al incorporar determinados desembolsos genera interrogantes sobre la metodología utilizada para elaborar las cuentas. El debate no se limita al monto final del superávit, sino que también involucra la forma en que se presentan y explican las operaciones que afectan al resultado fiscal.

En este punto aparece además otra discusión vinculada con la contabilidad pública. Determinados efectos relacionados con los intereses capitalizados de las Letras del Tesoro y con los ajustes de capital de los bonos vinculados a la inflación tampoco necesariamente representan una salida inmediata de dinero, aunque sí pueden incrementar el volumen de deuda pública.

El caso de las transferencias a la Ciudad presenta una diferencia relevante: en este caso, los recursos fueron efectivamente desembolsados y llegaron a su destino. La controversia, por lo tanto, no gira alrededor de un incremento del stock de deuda que deba pagarse en el futuro, sino sobre el modo en que se registra un dinero que ya salió de las cuentas nacionales.

El origen de la disputa se encuentra en el expediente CSJN 1865/2020, correspondiente a una acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional. En ese marco, la Corte Suprema estableció que la Nación debe entregar al distrito el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables y dispuso que los recursos sean transferidos diariamente y de manera automática a través del Banco Nación.

El máximo tribunal también determinó que el Estado nacional debía abstenerse de aplicar la Ley 27.606, sancionada en diciembre de 2020, que había reducido el coeficiente de coparticipación correspondiente a la Ciudad al 1,4 por ciento.

Como consecuencia de esa decisión, la Ciudad recibe actualmente el 1,4 por ciento correspondiente al mecanismo habitual de coparticipación y, por separado, el 1,55 por ciento restante hasta alcanzar el porcentaje establecido por la Corte Suprema.

Precisamente esa segunda transferencia es la que se encuentra en el centro de la controversia. Mientras los fondos son efectivamente recibidos por la administración porteña, su impacto no aparecería reflejado de la misma manera en las cuentas nacionales utilizadas para calcular el resultado fiscal.

Las estimaciones planteadas a partir de la información disponible también sostienen que existen otros gastos que quedarían fuera de determinados registros y que, acumulados, representarían cifras de gran magnitud. De acuerdo con ese análisis, la diferencia podría alcanzar alrededor de dos billones de pesos mensuales por distintos conceptos y superar los 16 billones en el acumulado anual, aunque estas cifras dependen de la metodología utilizada para su cálculo.

La discusión vuelve así sobre un aspecto fundamental de las finanzas públicas: la manera en que se registran ingresos, gastos, transferencias y obligaciones determina el resultado fiscal que finalmente se comunica. Por eso, dos formas diferentes de contabilizar determinadas operaciones pueden mostrar resultados considerablemente distintos aun cuando los movimientos de fondos hayan ocurrido efectivamente.

El Gobierno hizo del equilibrio fiscal uno de los principales símbolos de su gestión y convirtió al superávit en un objetivo central de su programa económico. En ese contexto, la aparición de partidas que fueron desembolsadas pero que recibirían un tratamiento contable diferente en los balances oficiales aumenta la presión para que se explique con precisión qué criterio se aplica y cuál es su fundamento.

La controversia se produce además en un escenario económico en el que la evolución de la recaudación y la necesidad de sostener las metas fiscales ocupan un lugar central en la agenda oficial. Cualquier modificación significativa del resultado fiscal puede tener consecuencias tanto políticas como económicas, especialmente frente a los mercados y a los organismos internacionales.

El interrogante que queda planteado es, entonces, hasta qué punto el superávit informado por la administración nacional refleja la totalidad de los desembolsos realizados por el Estado y cuánto depende del criterio utilizado para registrar determinadas operaciones. La discusión sobre las transferencias a la Ciudad vuelve a poner bajo la lupa la transparencia y la metodología de las cuentas públicas del Gobierno de Javier Milei.