El Día de la Industria encuentra a buena parte del entramado productivo argentino atravesando un escenario marcado por la incertidumbre y el deterioro de distintos indicadores. A casi tres años del inicio del Gobierno de Javier Milei, la actividad manufacturera continúa por debajo de los niveles registrados antes de la actual gestión y las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades que exceden la caída de las ventas.

La producción, el consumo interno y el financiamiento aparecen entre los principales puntos de preocupación para el sector. A esto se suma el crecimiento de las importaciones, que incrementó la competencia en distintos segmentos del mercado y obligó a numerosas empresas a modificar sus estrategias comerciales para intentar sostenerse.

Los datos más recientes del Índice de Producción Industrial del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran que la actividad manufacturera acumuló durante el primer semestre de este año una caída de 2,2 por ciento frente al mismo período de 2025 y permanece 11 por ciento por debajo de los niveles de 2022.

La situación se replica en otros sectores vinculados con la actividad productiva. La fabricación de automóviles registra una disminución acumulada del 18 por ciento respecto de 2025 y 2022, mientras que los despachos de cemento cayeron 3 por ciento en comparación con el año pasado y 24,9 por ciento frente a 2022.

El Índice Construya, que refleja la evolución de las ventas de productos utilizados en la construcción, también mostró una retracción. El indicador cayó 0,6 por ciento interanual y acumula una disminución del 30,2 por ciento respecto de 2022.

El deterioro también aparece en la encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. El relevamiento señaló que el 38 por ciento de las empresas consultadas registró una caída de su producción, mientras que el 45,5 por ciento informó una reducción de sus ventas y el 30,4 por ciento sufrió una disminución de sus exportaciones.

El empleo industrial tampoco quedó al margen. El 22,4 por ciento de las empresas relevadas informó una reducción de su dotación de personal. Entre aquellas que realizaron ajustes, el 35,1 por ciento redujo turnos y el 21,3 por ciento adelantó vacaciones.

La caída de la demanda interna aparece como una de las principales preocupaciones empresarias. Según el relevamiento de la Unión Industrial Argentina, es mencionada por una de cada dos compañías consultadas.

Para las pequeñas y medianas empresas, el problema está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y el debilitamiento del consumo. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, sostuvo que la caída de la producción está estrechamente vinculada con la menor capacidad de compra de los hogares.

El empresario describió el escenario como "crítico" y señaló que la pérdida de ingresos se combina con un mayor endeudamiento de las familias mediante tarjetas de crédito y un incremento de la morosidad. Esa situación termina afectando a los comercios y, posteriormente, a las empresas industriales que abastecen al mercado interno.

La utilización de la capacidad instalada también expone las dificultades. En junio se ubicó en 59,1 por ciento, apenas por encima del 58,9 por ciento registrado un año atrás. Sin embargo, el promedio general oculta situaciones mucho más complejas en determinadas ramas industriales.

Edición e impresión trabajó al 53,5 por ciento de su capacidad instalada; productos minerales no metálicos, al 51,8 por ciento; productos textiles, al 46,6 por ciento; productos del tabaco, al 46,3 por ciento; la industria automotriz, al 45,5 por ciento; la industria metalmecánica, excluidos los automotores, al 41,5 por ciento; y productos de caucho y plástico, al 41 por ciento.

Según la Unión Industrial Argentina, el 65,7 por ciento de las empresas consultadas utilizaba un nivel de capacidad instalada inferior al considerado óptimo.

La situación de las pequeñas y medianas empresas también quedó reflejada en el Índice de Producción Industrial Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El indicador registró en mayo una caída interanual de 7,8 por ciento y acumuló una retracción de 11,3 por ciento.

Todos los sectores relevados presentaron descensos. Los mayores retrocesos correspondieron a químicos y plásticos, con una caída de 21,3 por ciento; alimentos y bebidas, con 9,4 por ciento; y papel, cartón y edición, con 8,3 por ciento.

Desde Industriales Pymes Argentinos señalaron además que entre las actividades más afectadas se encuentran la industria textil, el calzado, la fabricación de bienes de capital y los sectores vinculados con el consumo masivo. En estos últimos segmentos, según indicó Rosato, las ventas acumulan una caída cercana al 30 por ciento.

Pero el problema para las empresas no termina en la menor demanda. La creciente presencia de productos importados en el mercado argentino se convirtió en otro de los principales focos de preocupación para los fabricantes nacionales.

Rosato sostuvo que las importaciones constituyen uno de los principales factores detrás de la caída de la producción y cuestionó el ingreso de productos terminados que, según planteó, compiten con la fabricación local. También advirtió sobre el impacto del contrabando en determinados sectores destinados al consumo familiar.

La mayor presencia de bienes extranjeros incluso comenzó a modificar las estrategias de algunas pequeñas y medianas empresas. Un informe del Observatorio Pyme detectó que determinadas compañías obtuvieron mejores resultados mediante la comercialización de productos importados que a través de la fabricación de bienes nacionales.

El relevamiento mostró que el 24 por ciento de las empresas que comercializan productos provenientes del exterior registró un aumento de sus ventas. Entre las compañías que venden productos nacionales, esa proporción fue diez puntos menor.

La preocupación por la competencia importada también creció con fuerza durante el último año. El fenómeno prácticamente se duplicó y se convirtió en uno de los factores que más aumentaron dentro de las inquietudes empresariales, con particular atención sobre el ingreso de productos provenientes de China.

A la presión sobre la producción y las ventas se suma una situación financiera cada vez más delicada. La encuesta trimestral de la Unión Industrial Argentina indicó que el 44,9 por ciento de las empresas tuvo dificultades para afrontar completamente al menos uno de sus principales compromisos, entre ellos salarios, proveedores, obligaciones financieras, servicios públicos e impuestos.

Los atrasos generaron mayores necesidades de financiamiento. El 36,3 por ciento de las empresas tuvo que recurrir a endeudamiento o crédito de corto plazo, mientras que el 33,9 por ciento debió afrontar intereses y mayores costos financieros como consecuencia de sus dificultades.

Desde el sector también alertaron sobre el deterioro de la cadena de pagos. El incremento de la morosidad y las dificultades para cobrar generan un efecto que puede trasladarse de una empresa a otra y terminar afectando a toda la cadena de valor.

El problema quedó especialmente expuesto en las pequeñas y medianas empresas industriales. Según el Observatorio Pyme, el 60 por ciento identificó los retrasos en los pagos de sus clientes como uno de sus principales inconvenientes, frente al 35 por ciento que había señalado esa dificultad un año atrás.

Otro relevamiento, realizado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino sobre más de 250 empresas de todas las provincias, mostró que siete de cada diez compañías sufrieron durante este año una extensión unilateral de los plazos de pago por parte de sus clientes.

Más de la mitad de las empresas consultadas registró además un aumento de los incumplimientos y casi tres de cada diez tuvieron que afrontar deudas que finalmente resultaron incobrables.

La diferencia entre los plazos de cobro y los compromisos asumidos también genera una presión adicional. Casi cuatro de cada diez empresas cobran sus ventas después de 60 días, mientras que el plazo promedio para pagar a los proveedores ronda los 30 días. En la práctica, las empresas terminan financiando a sus propios clientes con recursos que necesitan para mantener sus operaciones.

La dependencia del capital propio también aumentó. El 87,5 por ciento de las pequeñas y medianas empresas afirmó financiar su actividad con recursos propios. Además, el motivo principal para endeudarse dejó de estar relacionado con la ampliación de la capacidad productiva.

Actualmente, el 28,2 por ciento de las empresas que recurren al crédito lo hace para reponer capital de trabajo, mientras que el 25,9 por ciento utiliza el financiamiento para afrontar el pago de salarios y aguinaldos.

La situación crediticia podría convertirse en otro problema si avanza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que ya obtuvo media sanción en el Congreso. Un análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas advirtió que la modificación impulsada por el oficialismo elimina herramientas que permitían orientar el crédito hacia pequeñas y medianas empresas, economías regionales y determinados objetivos de inclusión financiera.

El sector industrial observa así un escenario en el que conseguir financiamiento resulta cada vez más importante, pero al mismo tiempo más complejo y costoso. La combinación de tasas, caída de ventas, morosidad y menor disponibilidad de capital limita la capacidad de las empresas para invertir y ampliar su producción.

Las expectativas empresariales tampoco ofrecen señales alentadoras. Según la Unión Industrial Argentina, aumentó la proporción de compañías que perciben un deterioro de la situación respecto del año anterior, tanto en sus propios negocios como en el sector industrial y en la economía nacional.

El contraste con las expectativas registradas un año atrás es significativo. En 2025, el 64,3 por ciento de las empresas esperaba que la situación del país mejorara durante 2026. En el relevamiento actual, solamente el 17,8 por ciento afirmó encontrarse efectivamente mejor.

Frente a este panorama, desde las pequeñas y medianas empresas reclaman medidas destinadas a evitar un deterioro todavía mayor. Entre las propuestas planteadas aparece la declaración de una emergencia económica, social, productiva y laboral para el sector.

Rosato sostuvo que las empresas necesitan medidas concretas para afrontar la crisis y advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones, podría profundizarse la pérdida de puestos de trabajo y aumentar la informalidad laboral.

Desde el sector industrial estiman que los más de 300.000 puestos de trabajo perdidos podrían superar el medio millón hacia el cierre del año si no se produce un cambio en las condiciones actuales. También advierten que una mayor destrucción de empleo podría tener consecuencias sobre los niveles de pobreza y el consumo interno.

La industria argentina llega así al Día de la Industria con una combinación de problemas que atraviesan prácticamente toda la cadena productiva: menor demanda, caída de la producción, capacidad ociosa, competencia importada, dificultades para acceder al crédito y una cadena de pagos cada vez más tensionada.

El desafío para las empresas será sostener sus estructuras en un escenario en el que producir resulta más difícil, vender requiere mayores esfuerzos y cobrar en tiempo y forma se convirtió en una de las principales preocupaciones. Para las pequeñas y medianas empresas, el interrogante central ya no pasa solamente por cuándo llegará la recuperación, sino por cuánto tiempo podrán sostenerse si las condiciones actuales no cambian.