La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes nuevamente sin acuerdo entre los representantes de los trabajadores y las cámaras empresarias. Las centrales sindicales rechazaron la propuesta presentada durante el encuentro y decidieron retirarse de la negociación, al considerar que el aumento ofrecido resulta insuficiente frente al deterioro acumulado del salario mínimo.

Con el fracaso de la negociación, el Gobierno nacional deberá establecer por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La situación vuelve a dejar expuestas las profundas diferencias entre empresarios y trabajadores y suma un nuevo capítulo a una serie de reuniones del Consejo del Salario que durante la actual gestión terminaron sin consenso.

La propuesta empresarial contempla un incremento de 1,8% para septiembre y subas de 1,7% mensuales entre octubre y abril de 2027. De aprobarse ese esquema, el salario mínimo pasaría de los actuales $376.000 a $382.768 en septiembre y alcanzaría los $430.707 en abril del próximo año.

El planteo fue rechazado por la CGT, la CTA y la CTA Autónoma, que por primera vez llegaron a la instancia de negociación con una posición unificada. Las centrales obreras reclamaron elevar inmediatamente el salario mínimo a $911.000 y llevarlo hasta $993.000 en diciembre.

La enorme distancia entre ambas propuestas terminó haciendo imposible cualquier entendimiento. Mientras los empresarios plantearon una actualización gradual y limitada, los sindicatos exigieron una recomposición mucho mayor para recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Los representantes gremiales cuestionaron duramente la oferta y denunciaron que las cámaras empresarias buscan mantener deprimido el piso salarial. Frente a la falta de avances, resolvieron abandonar la reunión y anticiparon que llevarán su reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo.

La denuncia ante el organismo internacional apunta también contra el funcionamiento del Consejo del Salario durante la administración de Javier Milei. Desde las centrales sindicales consideran que la reiteración de encuentros sin acuerdo y la posterior intervención del Poder Ejecutivo mediante decretos terminaron debilitando el mecanismo institucional destinado a establecer el salario mínimo.

El conflicto se produce además en un contexto de fuerte deterioro del valor real del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según los cálculos difundidos por las organizaciones sindicales, el salario mínimo perdió alrededor del 40,5% de su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023. Si se toma como referencia una medición alternativa de la inflación, la pérdida se aproxima al 45%.

La caída tiene consecuencias que van más allá de los trabajadores que cobran exactamente el salario mínimo. El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil funciona como referencia para distintas prestaciones y mecanismos de protección social, entre ellos el seguro por desempleo y determinadas becas universitarias.

También interviene en la determinación del monto de los ingresos que no pueden ser embargados y es utilizado como referencia en diferentes ámbitos de la administración pública y por numerosos municipios para establecer parámetros salariales y administrativos.

Por ese motivo, las centrales sindicales sostienen que la reducción del salario mínimo también afecta indirectamente a otros trabajadores. Un piso salarial más bajo puede repercutir sobre las negociaciones colectivas y sobre la estructura general de ingresos, particularmente entre quienes se encuentran en los niveles más bajos de las escalas salariales.

El deterioro del salario mínimo, de todos modos, comenzó antes de la actual administración. Según los datos citados durante el debate, durante el gobierno de Mauricio Macri el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió alrededor del 30% de su poder adquisitivo, mientras que durante la presidencia de Alberto Fernández la caída fue cercana al 16%.

Sin embargo, las organizaciones gremiales sostienen que la gestión de Milei profundizó esa tendencia al establecer incrementos del salario mínimo por debajo de la inflación acumulada. El resultado fue una pérdida acelerada del poder de compra durante los primeros años de la actual administración.

Otro de los cuestionamientos sindicales está relacionado con la política salarial impulsada desde el Ministerio de Economía. Las centrales obreras denuncian que el Gobierno utiliza aumentos cercanos al 2% mensual como referencia para las negociaciones paritarias y cuestionan las dificultades que enfrentan algunos acuerdos que superan ese porcentaje para ser homologados.

Desde la llegada de Milei al Gobierno, además, las reuniones del Consejo del Salario se realizan de manera virtual. Las organizaciones sindicales reclamaron en reiteradas oportunidades recuperar los encuentros presenciales, al considerar que el formato actual contribuye a dificultar las negociaciones y reduce las posibilidades de alcanzar consensos.

La discusión de este viernes volvió a reproducir ese escenario. Empresarios y trabajadores llegaron con propuestas muy alejadas, no lograron acercar posiciones y finalmente las centrales sindicales abandonaron el encuentro.

El deterioro del salario mínimo también aparece reflejado en estudios sobre la evolución de los ingresos durante los últimos años. Un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió más del 40% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Ese mismo análisis tomó como referencia septiembre de 2011, cuando el salario mínimo alcanzó uno de sus niveles más elevados en términos reales de las últimas décadas. Si aquel valor se hubiera actualizado desde entonces de acuerdo con la inflación, el salario mínimo actual debería ubicarse, según los cálculos del estudio, alrededor de $1.140.000.

La comparación permite dimensionar el deterioro acumulado. El salario mínimo vigente se encuentra muy por debajo de ese nivel y, de acuerdo con los investigadores, su poder adquisitivo se ubica en valores similares a los registrados en diciembre de 2002, uno de los períodos más críticos de la economía argentina reciente.

El fracaso de la reunión vuelve a colocar al Gobierno nacional ante la decisión de fijar unilateralmente el nuevo valor. El Poder Ejecutivo deberá definir cuánto aumentará el salario mínimo y cómo quedará establecido durante los próximos meses.

Las centrales obreras, por su parte, mantienen su reclamo por una recomposición mucho mayor y anticiparon que continuarán cuestionando la política salarial del Gobierno. Las cámaras empresarias sostienen una postura de incrementos moderados, mientras el Poder Ejecutivo deberá resolver ahora una negociación que terminó sin ningún punto de acuerdo.

El nuevo decreto determinará así el próximo capítulo de una discusión que se volvió cada vez más conflictiva: cuánto debe valer el piso salarial en una economía donde el costo de vida continúa siendo elevado y el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula una pérdida significativa de poder adquisitivo.