El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó un fuerte rechazo a la presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia y reclamó explicaciones al Gobierno nacional sobre las condiciones en las que fue autorizada su operación.

La administración del gobernador Gustavo Melella vinculó la llegada de la embarcación con la intervención del puerto dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La medida es cuestionada por la Provincia, que llevó el conflicto a la Justicia y reclama recuperar el control de la terminal portuaria.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó la presencia del buque como “un hecho inédito” y señaló que la embarcación ya abandonó Ushuaia. Según indicó, su aparente destino final sería Estados Unidos.

Para el funcionario, la situación adquiere especial relevancia por el contexto político y geopolítico del Atlántico Sur. En ese sentido, recordó distintas decisiones y episodios recientes que, desde la perspectiva del Gobierno fueguino, generan preocupación en materia de soberanía.

Entre ellos mencionó el anuncio de tareas de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, la participación de capitales británicos en la instalación de un radar en Tierra del Fuego y antecedentes relacionados con el tránsito de embarcaciones militares británicas por aguas argentinas.

Dachary también recordó la visita que realizó el presidente Javier Milei a Tierra del Fuego en 2024 junto con la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. “Hace dos años el Presidente estuvo acá prometiendo una base junto a los Estados Unidos”, afirmó el funcionario provincial.

En ese marco, Dachary cuestionó duramente la política exterior de la administración nacional y sostuvo: “Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien”.

La Provincia también difundió un comunicado en el que calificó como “inadmisible” que una embarcación de bandera británica opere en el puerto de Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, señaló el Ejecutivo fueguino.

El Gobierno provincial puso el foco especialmente en la contradicción que, según su interpretación, existe entre los argumentos utilizados por la Nación para intervenir el puerto y las decisiones tomadas posteriormente.

“El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur”, sostuvo la Provincia.

“Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales”, agregó el comunicado.

Desde Tierra del Fuego insistieron en que el puerto de Ushuaia tiene una importancia que excede ampliamente la actividad comercial. Su ubicación sobre el Atlántico Sur y su proximidad con la Antártida le otorgan un valor estratégico para las comunicaciones, la actividad marítima y la proyección argentina hacia el continente antártico.

Por ese motivo, la administración de Melella reclamó al Gobierno nacional que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia”.

El Ejecutivo fueguino también volvió a exigir el levantamiento de la intervención y “la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto”. Además, anticipó que continuará utilizando las herramientas institucionales y judiciales disponibles para defender las competencias provinciales.

El conflicto se suma a una serie de cruces entre Tierra del Fuego y el Gobierno nacional por la administración del puerto de Ushuaia y por las políticas vinculadas con el Atlántico Sur. Para la Provincia, la presencia de un buque británico en la terminal portuaria vuelve a poner en primer plano la discusión sobre soberanía y sobre el papel que debe desempeñar Ushuaia en la estrategia argentina hacia Malvinas y la Antártida.

La administración fueguina sostuvo que la cuestión Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable de la República Argentina y reclamó que la defensa de la soberanía no quede limitada a declaraciones políticas, sino que también se refleje en las decisiones adoptadas sobre los espacios considerados estratégicos del extremo austral.