Los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios convocaron a un nuevo paro nacional de 48 horas para este miércoles 27 y jueves 28 de agosto, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición de los salarios del sector.

La medida profundiza un conflicto que lleva meses y que enfrenta a las universidades nacionales y a los trabajadores universitarios con el Gobierno de Javier Milei por los recursos destinados al sistema educativo, la actualización presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de docentes e investigadores.

El reclamo se desarrolla además en distintos ámbitos institucionales. Mientras el Poder Ejecutivo mantiene su posición respecto de la aplicación de la norma, el Congreso sancionó y posteriormente ratificó la Ley de Financiamiento Universitario después del veto presidencial. Desde el sistema universitario también sostienen que existen decisiones judiciales que respaldan la obligación de cumplir con las disposiciones establecidas por la legislación.

En este escenario, una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional prevista para este lunes buscaba avanzar en una estrategia conjunta entre los distintos sectores de la comunidad universitaria. Los docentes sostienen que ya transcurrieron más de 300 días sin que se concrete el cumplimiento efectivo de la ley.

El director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, Felipe Vega Terra, advirtió que, pese a los reclamos realizados y a las distintas instancias judiciales, los fondos contemplados por la normativa todavía no llegan a las universidades.

Desde las organizaciones sindicales, en tanto, consideran que la falta de respuestas del Gobierno nacional obliga a profundizar las medidas de fuerza y a coordinar nuevas acciones entre los distintos sectores que integran la comunidad universitaria.

En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Perazzi, sostuvo que el objetivo es avanzar en “acciones coordinadas entre todos los sindicatos docentes y no docentes, para encaminarnos a una nueva marcha nacional universitaria”.

Uno de los principales ejes del conflicto es la situación salarial. Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y que fueron aplicados sin acuerdos alcanzados en negociaciones paritarias.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo y necesitarían un aumento superior al 50 por ciento para recuperar el nivel salarial que tenían al comienzo de ese período.

La pérdida de ingresos afecta especialmente a los docentes con cargos de menor dedicación, cuyos salarios quedaron cada vez más alejados del costo de vida. Sin embargo, los sindicatos también advierten que la situación alcanzó incluso a quienes tienen dedicación exclusiva y se encuentran entre los trabajadores con mejores ingresos dentro del sistema universitario.

A la discusión salarial se suma otro problema que preocupa a las autoridades universitarias: la salida de docentes e investigadores. Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, desde el inicio de la gestión de Javier Milei más de 10.000 docentes e investigadores dejaron sus cargos en universidades nacionales.

Entre los casos mencionados aparecen la Facultad de Ciencias Exactas, donde se contabilizaron 438 renuncias, y la Universidad Tecnológica Nacional, que registró más de 1.000 salidas.

Para las autoridades universitarias y los representantes gremiales, la pérdida de profesionales altamente calificados no se limita a una cuestión vinculada con la cantidad de docentes disponibles para las clases. La salida de investigadores también puede afectar la continuidad de proyectos científicos, tecnológicos y de formación profesional desarrollados por las universidades públicas.

La falta de actualización de los recursos presupuestarios constituye otro de los puntos centrales del reclamo. Las universidades sostienen que necesitan recibir las transferencias contempladas por la Ley de Financiamiento Universitario para afrontar gastos habituales, sostener programas de becas y garantizar las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades académicas.

El nuevo paro se producirá pocos días después de la huelga de cinco jornadas realizada por la Confederación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios entre el 18 y el 22 de agosto. De esta manera, los trabajadores volverán a paralizar las actividades para exigir que el Gobierno nacional aplique la Ley número 27.795 y cumpla con las disposiciones aprobadas por el Congreso.

El conflicto también continúa en el ámbito judicial. Días atrás, una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick volvió a poner bajo análisis la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras los gremios cuestionaron las demoras del Gobierno nacional y reclamaron una respuesta que permita destrabar la disputa.

Con la nueva medida de fuerza, los docentes universitarios buscan aumentar la presión sobre el Ejecutivo y sostienen que el problema ya no se limita a una discusión salarial. Para los gremios, el financiamiento de las universidades, la permanencia de investigadores y docentes y las condiciones de funcionamiento del sistema público forman parte de un mismo conflicto que continúa sin una solución definitiva.