Diputados del Peronismo Federal solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia que investigue el funcionamiento de las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas y condiciones consideradas abusivas para los usuarios.

La presentación alcanza a plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, entre otras. El objetivo es determinar si las condiciones con las que ofrecen préstamos podrían vulnerar las normas de defensa de la competencia y los derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros.

El planteo surge en un contexto de creciente preocupación por el endeudamiento de los hogares y el costo de los créditos obtenidos a través de aplicaciones. Los legisladores sostienen que la pérdida de poder adquisitivo llevó a numerosos trabajadores, jubilados y monotributistas a recurrir a estas herramientas para afrontar gastos cotidianos.

La denuncia fue presentada por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin, quienes solicitaron que el organismo encargado de analizar las condiciones de competencia determine si existen conductas que puedan perjudicar a los usuarios o limitar el funcionamiento del mercado.

Michel cuestionó especialmente la situación económica de los hogares y vinculó el crecimiento del endeudamiento con la pérdida de capacidad de compra. Según sostuvo, una parte importante de los ingresos se destina actualmente al pago de servicios y gastos esenciales, lo que obliga a muchas familias a recurrir al crédito para llegar a fin de mes.

El legislador también puso el foco en el costo de los préstamos ofrecidos mediante billeteras digitales y afirmó que, en algunos casos, las tasas pueden alcanzar el 700 por ciento anual. Además, aseguró que existen más de 5,5 millones de personas endeudadas y advirtió sobre el impacto que esta situación puede tener sobre los sectores medios.

La presentación pretende que la investigación abarque un universo amplio del sistema financiero no bancario. Según los diputados, existen 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre mutuales y cooperativas, autorizados por el Banco Central de la República Argentina para desarrollar distintas actividades.

Uno de los aspectos centrales de la denuncia está relacionado con la posición que ocupan las billeteras dentro del sistema de pagos y con la enorme cantidad de información que manejan sobre sus usuarios. Las plataformas conocen, entre otros datos, los movimientos, consumos y operaciones realizadas a través de sus propios sistemas.

Los legisladores consideran que la combinación entre esa información, la infraestructura de pagos y la posibilidad de ofrecer créditos podría generar ventajas competitivas difíciles de replicar para otros operadores. También plantearon que esa situación podría favorecer una dependencia de los usuarios respecto de determinadas plataformas.

Por ese motivo, solicitaron que la Autoridad Nacional de la Competencia requiera al Banco Central información sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de las distintas entidades involucradas.

También pidieron acceder al historial correspondiente a las Tasas Efectivas Anuales y los Costos Financieros Totales aplicados durante los últimos 24 meses, con el objetivo de establecer cuánto terminan pagando realmente los usuarios por los créditos que toman.

La propuesta incluye además comparar las tasas cobradas por cada plataforma con los valores promedio y medianos registrados en el mercado. A esto se sumaría el análisis de los niveles de morosidad y los índices de endeudamiento de los clientes.

Otro de los puntos que podría generar mayor discusión es el pedido para revisar los algoritmos utilizados por las aplicaciones para evaluar a los usuarios y definir las condiciones de los préstamos.

Los diputados pretenden que especialistas en economía e informática de la Autoridad Nacional de la Competencia analicen los sistemas de puntuación utilizados por las plataformas para determinar si la información transaccional influye en la tasa ofrecida a cada persona.

La investigación buscaría establecer, entre otras cuestiones, si usuarios con perfiles similares reciben condiciones sustancialmente diferentes y si los mecanismos automatizados pueden terminar aplicando costos más elevados a quienes tienen menos alternativas para acceder al financiamiento.

La utilización de los datos personales y financieros también aparece como uno de los ejes de la presentación. Los legisladores plantearon que las dificultades para trasladar el historial de un usuario de una plataforma a otra podrían reducir la posibilidad de cambiar de proveedor y, en consecuencia, limitar la competencia.

En ese escenario, la denuncia solicita analizar si las prácticas de las plataformas podrían constituir infracciones a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia y a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

También se pidió evaluar posibles incumplimientos de disposiciones vinculadas con la Carta Orgánica del Banco Central y normas del Código Civil y Comercial relacionadas con el abuso de derecho y el abuso de posición dominante.

La presentación no implica que las empresas denunciadas hayan sido encontradas responsables de irregularidades. Será la autoridad competente la que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer, eventualmente, si las prácticas cuestionadas se ajustan a la legislación vigente.

En caso de comprobarse conductas anticompetitivas o abusivas, los legisladores solicitaron que se ordene el cese de las prácticas cuestionadas y se apliquen las sanciones correspondientes.

El debate se instala así sobre un mercado que creció con rapidez y que se convirtió en una de las principales vías de acceso al crédito para numerosos usuarios. La discusión ya no pasa solamente por la comodidad de obtener un préstamo desde un teléfono celular, sino por cuánto termina pagando quien necesita ese dinero y qué criterios utiliza cada plataforma para determinar sus condiciones.

Mientras la denuncia espera una respuesta de la Autoridad Nacional de la Competencia, el pedido de los diputados vuelve a poner bajo la lupa el costo del financiamiento digital y el riesgo de que, para quienes recurren al crédito para cubrir necesidades básicas, una solución inmediata termine convirtiéndose en una deuda cada vez más difícil de cancelar.