El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores portuarios sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que la Prefectura Naval Argentina intimara a 536 profesionales de los servicios de practicaje y pilotaje a retomar sus funciones de manera inmediata, bajo advertencias de sanciones administrativas y posibles consecuencias penales.

La medida fue publicada mediante un edicto en el Boletín Oficial y se enmarca en la disputa generada por el nuevo régimen de desregulación del sector impulsado por la administración de Javier Milei. La reforma, establecida a través del Decreto 690/2026, modificó el esquema de funcionamiento de una actividad que se encontraba regulada desde 1991.

En el documento oficial, la Prefectura se presentó como la autoridad con "responsabilidad operativa y disciplinaria" para aplicar el nuevo Reglamento de los Servicios de Practicaje y Pilotaje y notificó a los trabajadores para que vuelvan a prestar tareas dentro del sistema establecido por la nueva normativa.

El conflicto comenzó luego de que distintos sectores del practicaje iniciaran medidas de fuerza en rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno. Los trabajadores sostienen que la reforma afecta las condiciones laborales, modifica la organización de la actividad y podría comprometer los estándares de seguridad en la navegación comercial.

La protesta ya comenzó a generar efectos sobre la operatoria portuaria, con demoras en el ingreso y egreso de embarcaciones en distintos puntos del país. Ante esa situación, el Ejecutivo decidió avanzar con intimaciones formales para garantizar la continuidad del servicio.

La resolución de Prefectura establece que quienes no cumplan con la orden de retomar sus funciones podrían ser considerados responsables de una "falta grave", según las disposiciones del Decreto 690/2026 y del Reglamento General de la Navegación.

Entre las sanciones previstas aparecen medidas disciplinarias, restricciones y hasta la suspensión de las habilitaciones profesionales necesarias para desempeñarse como prácticos o pilotos.

Sin embargo, el punto que generó mayor preocupación entre los trabajadores fue la advertencia sobre la posibilidad de avanzar con denuncias penales contra quienes participen de acciones que afecten el normal funcionamiento del servicio.

En el escrito, la Prefectura señaló que, "independientemente de las acciones administrativo disciplinarias que lleve adelante la Prefectura Naval Argentina, la realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje / pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal de la Nación Argentina".

El organismo hizo referencia al artículo 190 del Código Penal, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes realicen actos que pongan en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.

Además, mencionó el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de tres meses a dos años de prisión para quienes impidan, obstaculicen o dificulten el normal funcionamiento de los servicios de transporte por tierra, agua o aire.

Desde el Gobierno defienden la reforma como parte de un proceso destinado a modernizar la actividad portuaria, reducir regulaciones y mejorar la eficiencia del sistema. Para el Ejecutivo, los cambios permitirán una mayor competitividad en un sector considerado estratégico para el comercio exterior argentino.

Los trabajadores, en cambio, cuestionan la iniciativa y aseguran que la desregulación puede afectar derechos laborales, debilitar controles y generar riesgos en una actividad donde la seguridad marítima resulta fundamental.

Con las intimaciones ya notificadas y la advertencia de sanciones administrativas y judiciales, el conflicto portuario quedó nuevamente en el centro de la agenda nacional. Mientras el Gobierno busca garantizar la continuidad de las operaciones, los gremios anticipan que continuarán defendiendo su postura frente a una reforma que consideran perjudicial para el sector.