El oficialismo debió postergar hasta el 6 de agosto el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que facilita la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras y modifica los procedimientos para concretar desalojos.

La decisión fue adoptada después de que La Libertad Avanza advirtiera que no contaba con los votos necesarios para aprobar la propuesta. Aunque la sesión había sido convocada para tratar designaciones judiciales y diplomáticas, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo era el último punto pendiente del orden del día.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de solicitar el cuarto intermedio. La moción recibió 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, por lo que la sesión continuará el próximo 6 de agosto.

La postergación quedó resuelta luego de varios días de negociaciones con bloques aliados, cuyos representantes plantearon objeciones al contenido de la iniciativa. Las conversaciones obligaron a modificar en reiteradas oportunidades el texto, que llegó a tener al menos 15 versiones antes de ingresar al recinto.

“Hay algunos senadores que no están de acuerdo”, reconocieron desde la Unión Cívica Radical, uno de los espacios que había acompañado al Gobierno en otras votaciones, pero que reclamó cambios para respaldar esta propuesta.

Uno de los principales pedidos consistía en establecer un sistema de doble conformidad entre el Gobierno nacional y la provincia en la que se encontrara el terreno que pretendiera ser adquirido por una persona o una empresa extranjera. Esa modificación también eliminaba la posibilidad de aplicar el silencio administrativo para autorizar una operación.

El segundo cambio solicitado buscaba permitir que cada provincia estableciera sus propios límites para la venta de tierras a ciudadanos o compañías extranjeras, en función de las atribuciones que la Constitución Nacional reconoce a las jurisdicciones sobre sus territorios.

Desde La Libertad Avanza rechazaron ese planteo. “Esto no tiene sentido”, sostuvo una fuente del oficialismo, que consideró que la propuesta podía entrar en conflicto con las legislaciones provinciales y con las competencias territoriales de cada distrito.

La Casa Rosada tampoco aceptó las modificaciones reclamadas por los senadores aliados. La negativa fue atribuida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.

Fuentes cercanas a Bullrich señalaron que Sturzenegger le había comunicado durante la mañana que no aceptaría los cambios incorporados durante las negociaciones. “El Presidente hubiese tenido que vetar un artículo que había sido votado por el Senado”, explicaron desde el oficialismo.

Pese a la falta de acuerdo, Bullrich decidió avanzar con la apertura de la sesión para demostrar que La Libertad Avanza conservaba la capacidad de reunir el quórum necesario. La determinación se tomó incluso después de recibir “mensajes subidos de tono”, según indicaron fuentes parlamentarias.

Esa referencia estuvo vinculada con el fuerte intercambio por WhatsApp que habrían mantenido Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tanto desde el entorno de la titular del bloque oficialista como desde la Presidencia del Senado aseguraron que ambas dirigentes no volvieron a conversar después de ese episodio.

Dentro de La Libertad Avanza admitieron que la ausencia de tres senadores terminó siendo determinante para frustrar la aprobación del proyecto. “Faltaron tres, que en el Senado es un abismo”, expresó una persona que integra el bloque oficialista.

Entre quienes no estuvieron presentes figuraron Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi y Andrea Cristina. En el caso de las dos últimas legisladoras, desde el interbloque Impulso País explicaron que las ausencias obedecieron a cuestiones personales.

“Estábamos jugando con el límite de los votos. Esos tres daban tranquilidad, por si alguno se confundía o enojaba”, agregaron desde el oficialismo, al reconocer que el resultado de la votación era incierto y que cualquier modificación de último momento podía provocar la caída del proyecto.

El traspié expuso las dificultades del Gobierno para sostener acuerdos legislativos en una iniciativa sensible, atravesada por el debate sobre la extranjerización de tierras, la autonomía de las provincias, los límites a la propiedad extranjera y el alcance de los desalojos.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada había sido presentada por el oficialismo como una herramienta para dar seguridad jurídica y reforzar la protección del dominio. Sin embargo, sectores opositores y parte de los aliados advirtieron que el texto podía abrir la puerta a una mayor concentración de tierras en manos extranjeras y reducir la capacidad de control de las provincias.

La negativa del Gobierno a aceptar los cambios pedidos por los bloques aliados terminó trabando el tratamiento. En lugar de arriesgar una derrota en el recinto, La Libertad Avanza optó por postergar la discusión y ganar tiempo hasta agosto.

Antes del cuarto intermedio, el Senado aprobó otros asuntos promovidos por el Gobierno, entre ellos 29 pliegos para designar jueces, camaristas y defensores, además de seis nombramientos correspondientes al servicio exterior. Las designaciones diplomáticas fueron respaldadas por unanimidad por los 67 senadores presentes.

La mayoría de los pliegos judiciales obtuvo 65 votos afirmativos y dos negativos, emitidos por los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Sin embargo, la continuidad del juez Víctor Pesino generó una votación más ajustada y fue aprobada por 35 votos contra 32.

Pesino fue autorizado a continuar durante cinco años como vocal de la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, pese a que se encuentra próximo a cumplir 75 años, edad a partir de la cual los magistrados deben jubilarse si no cuentan con un nuevo acuerdo del Senado.

El peronismo rechazó su continuidad debido a que el magistrado había fallado a favor de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Actúa de acuerdo a sus necesidades. No le tenemos confianza, ni la sociedad, ni los abogados ni los litigantes”, afirmó el senador justicialista Mariano Recalde durante el debate.

Bullrich defendió la designación y cuestionó los argumentos de la oposición. “Los jueces no pueden ser sacados por sus fallos”, señaló la legisladora, quien además preguntó “por qué se va a judicializar una ley que fue votada por las dos Cámaras”.

El Senado también otorgó media sanción por unanimidad al proyecto que declara a la provincia de Tucumán como capital simbólica de la Nación cada 9 de julio, en coincidencia con la conmemoración del Día de la Independencia.

“Es un acto de unión de todos los argentinos”, expresó la senadora tucumana Sandra Mariela Mendoza, autora de la propuesta junto con Beatriz Ávila. “Tiene que ver con muchas generaciones de tucumanos”, agregó su coprovinciana durante el tratamiento de la iniciativa.

La jornada dejó una foto política incómoda para el oficialismo. El Gobierno logró avanzar con pliegos judiciales y designaciones diplomáticas, pero tuvo que frenar una de las leyes más sensibles de su agenda por falta de votos propios y por la resistencia de aliados que reclamaron mayores controles sobre la venta de tierras.

El cuarto intermedio hasta el 6 de agosto abre una nueva etapa de negociaciones. La Casa Rosada deberá decidir si mantiene el texto sin cambios, aun con riesgo de derrota, o si acepta modificaciones para sumar apoyos y evitar otro revés parlamentario.

Por ahora, el mensaje del Senado fue claro: incluso con aliados circunstanciales, La Libertad Avanza no tiene garantizada la aprobación de proyectos que tocan intereses territoriales, competencias provinciales y debates de alto impacto político. La ley de tierras quedó en pausa, pero la tensión dentro del oficialismo y con sus socios quedó completamente expuesta.