La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei y dejó firmes las medidas cautelares que obligan al Estado nacional a cumplir con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión mantiene vigentes las disposiciones relacionadas con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de la recomposición de los fondos destinados al sistema de becas estudiantiles.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano al considerar que no estaba dirigida contra una sentencia definitiva.

Con esta resolución, seguirán en vigencia las medidas judiciales que ordenan al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la norma sancionada por el Congreso de la Nación. Ambos puntos establecen mecanismos para actualizar los ingresos de los trabajadores universitarios y garantizar los recursos correspondientes a las becas.

Las cautelares fueron dictadas en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional había intentado suspender la aplicación de esos artículos.

La decisión de la Corte representa un nuevo revés judicial para la administración libertaria en medio de la disputa por el presupuesto destinado a las universidades públicas, luego de los reclamos realizados por autoridades académicas, docentes, estudiantes y trabajadores no docentes.

El conflicto se profundizó después de que el Congreso aprobara en dos oportunidades normas destinadas a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición de los salarios del sector.

Aunque el máximo tribunal no analizó todavía el fondo de la controversia, su resolución permite que las medidas cautelares continúen vigentes mientras avanza la causa. De esta manera, el Estado nacional deberá cumplir con las disposiciones judiciales y destinar las partidas correspondientes.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires celebraron la decisión y destacaron la importancia del respaldo recibido por el reclamo universitario, que durante los últimos años provocó movilizaciones multitudinarias en diferentes ciudades del país.

“Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, expresó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, luego de conocerse la resolución de la Corte Suprema.

Uno de los principales puntos de la disputa es la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes desde diciembre de 2023. Los gremios denuncian que durante ese período los salarios acumularon una importante pérdida frente al avance de la inflación.

Días antes de la decisión judicial, el Gobierno nacional había informado que transferiría fondos para otorgar un incremento del 24,33 por ciento a los trabajadores de las más de 60 universidades nacionales.

El esquema anunciado por el Poder Ejecutivo contempla un aumento del 21,33 por ciento correspondiente a junio y otro tres por ciento previsto para octubre. Sin embargo, los sindicatos universitarios consideran que esos porcentajes resultan insuficientes para cumplir con la actualización determinada por la ley.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Cagnacci, estimó que todavía resta aplicar una recomposición salarial cercana al 30 por ciento, sin contabilizar el último acuerdo paritario alcanzado a comienzos de junio.

“Si uno calcula lo que se otorgó y se acordó en esta paritaria y lo que dejó la Corte en pie, que es la cautelar con respecto a salario y becas, todavía falta alrededor de un 30 por ciento de aumento”, sostuvo el dirigente gremial.

Cagnacci consideró que el Gobierno agotó las herramientas judiciales disponibles para intentar frenar la aplicación de la normativa y reclamó que se avance de manera inmediata con la actualización de las partidas.

“El Gobierno ya no tiene más artimañas legales para no actualizar salario”, afirmó el representante sindical al referirse a las consecuencias de la resolución adoptada por el máximo tribunal.

La medida también mantiene vigente la obligación de recomponer los fondos destinados a las becas estudiantiles. Esos recursos son considerados fundamentales para garantizar que los alumnos de menores ingresos puedan continuar sus carreras dentro del sistema universitario público.

Las universidades y los gremios esperan ahora que el Ministerio de Capital Humano concrete las transferencias necesarias y establezca el mecanismo mediante el cual se aplicará la actualización salarial pendiente.

Desde el sector universitario advirtieron que la falta de financiamiento no solamente afecta los ingresos de los trabajadores, sino también el funcionamiento cotidiano de las instituciones, el mantenimiento de los edificios, las actividades de investigación y la continuidad de diferentes programas académicos.

La resolución vuelve a colocar el presupuesto universitario en el centro de la agenda política y aumenta la presión sobre el Gobierno nacional, que deberá cumplir con las disposiciones establecidas por la Justicia mientras continúe vigente la medida cautelar.

El conflicto continuará su trámite en los tribunales hasta que exista una definición sobre la cuestión de fondo. Sin embargo, el rechazo del recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo garantiza, por el momento, la aplicación de los artículos vinculados con los salarios y las becas.

De esta manera, la Corte Suprema sostuvo las resoluciones que protegen los recursos destinados al sistema público de educación superior y dejó al Gobierno sin una nueva instancia para suspender cautelarmente la actualización exigida por la Ley de Financiamiento Universitario.