La Cámara de Diputados le permitió al Gobierno avanzar con tres de sus principales objetivos parlamentarios durante una extensa sesión marcada por las negociaciones, los cruces y el papel decisivo de los bloques dialoguistas.

La Libertad Avanza consiguió aprobar el proyecto conocido como “super RIGI”, obtuvo la autorización para pagar 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores externos y logró frenar dos intentos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El oficialismo volvió a demostrar que, pese a no contar con mayoría propia, puede reunir los votos necesarios cuando logra sostener sus acuerdos con sectores de la Unión Cívica Radical, fuerzas provinciales y otros espacios que suelen acompañar las iniciativas enviadas por la Casa Rosada.

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones fue aprobado con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones. La iniciativa deberá ser ahora analizada por el Senado antes de convertirse en ley.

El proyecto amplía los beneficios destinados a las grandes inversiones e incorpora nuevas actividades económicas, principalmente relacionadas con el desarrollo tecnológico, los servicios digitales y la infraestructura considerada estratégica.

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo busca otorgar incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a emprendimientos que, según el texto, puedan generar una transformación en la estructura productiva nacional.

La iniciativa define a las nuevas actividades económicas como aquellos proyectos industriales, tecnológicos o de prestación de servicios vinculados con infraestructura digital y tecnológica estratégica que todavía no se desarrollen en el país o que solamente se encuentren en una etapa experimental.

El Gobierno sostiene que el régimen permitirá atraer capitales, mejorar la competitividad de la Argentina frente a otros mercados y ofrecer previsibilidad jurídica a los inversores.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y señaló que el país debe competir con otras economías para conseguir inversiones.

“El capital no tiene patria, competimos con otros mercados y va donde hay negocios y seguridad institucional”, afirmó el diputado de La Libertad Avanza durante su exposición.

La oposición cuestionó duramente la propuesta y advirtió que los beneficios podrían concentrarse en grandes empresas sin generar un impacto equivalente sobre la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas o el empleo.

El diputado de Unión por la Patria Mario Manrique sostuvo que el nuevo régimen perjudicará a los trabajadores y a las compañías locales.

El legislador afirmó que el proyecto “le está diciendo a la industria nacional que se joda y a los laburantes argentinos que se van a quedar sin trabajo”.

Manrique también aseguró que la iniciativa presenta problemas constitucionales y sostuvo que contradice distintos artículos de la Constitución Nacional debido a la magnitud de los beneficios y las garantías ofrecidas a los grandes inversores.

El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también expresó reparos. Aunque reconoció que el objetivo de captar nuevas inversiones podía resultar positivo, consideró que el Congreso estaba concediendo garantías excesivas.

“Estamos dando garantías extremas a negocios que iban a ser inversiones por sí mismos”, señaló Pichetto.

El dirigente sostuvo que el régimen concentra sus incentivos en sectores que requieren grandes cantidades de capital, pero no contempla mecanismos similares para las actividades que generan una mayor cantidad de puestos de trabajo.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro afirmó que se trata de una norma diseñada para beneficiar a sectores empresariales específicos.

“Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”, manifestó.

Thiel es uno de los fundadores de Palantir, una compañía estadounidense dedicada al análisis de datos y al desarrollo de sistemas tecnológicos aplicados, entre otras áreas, a la seguridad y la defensa.

El oficialismo rechazó esos cuestionamientos y consiguió reunir los votos necesarios para darle media sanción a la propuesta. La aprobación representó uno de los principales triunfos legislativos de la jornada.

La Cámara baja también convirtió en ley la autorización para pagar un total de 171 millones de dólares a Bainbridge Limited y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

Los acuerdos fueron aprobados con 139 votos positivos y 97 negativos. El rechazo se concentró principalmente en Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y algunos bloques provinciales y unipersonales.

Benegas Lynch aseguró que los pagos permitirán cerrar un conflicto que, según indicó, afecta la credibilidad internacional de la Argentina.

“Tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito”, expresó el diputado libertario.

El legislador afirmó que las negociaciones fueron complejas y destacó que se consiguió una reducción del 30 por ciento sobre los montos reclamados, además de la exención de los honorarios legales.

Desde la oposición pusieron en duda las condiciones de los acuerdos y reclamaron mayor información sobre el origen de los fondos que serán utilizados para afrontar los pagos.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó las declaraciones de los integrantes del oficialismo y advirtió que podrían ser utilizadas por otros acreedores en futuros litigios contra el Estado argentino.

“Van a usar los textuales de ustedes para litigar con el Estado argentino. Burradas dijeron”, manifestó Martínez durante uno de los cruces en el recinto.

También criticó que el dictamen de mayoría elaborado por La Libertad Avanza tuviera apenas nueve líneas, pese a la importancia económica y jurídica de la autorización solicitada.

La diputada Vanesa Siley sostuvo que el Congreso no contaba con la documentación suficiente para evaluar si los acuerdos resultaban convenientes para el país.

“Carecemos de información necesaria”, indicó la legisladora de Unión por la Patria.

Siley agregó que no estaba debidamente acreditada la ganancia obtenida por los acreedores ni la existencia de una reducción real sobre el valor al que habían adquirido sus derechos.

Pichetto también rechazó la autorización. El diputado señaló que la iniciativa no precisaba de qué partida presupuestaria saldrían los recursos para pagar los 171 millones de dólares.

El legislador comparó esa ausencia con los argumentos utilizados por el presidente Javier Milei para vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

Pichetto recordó que, en aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo había cuestionado que la norma no contara con una fuente suficiente para cubrir el gasto. Según remarcó, en los acuerdos con los acreedores ni siquiera se identificaba el origen de los recursos.

Antes de debatir los proyectos económicos, la Cámara de Diputados rechazó dos intentos de la oposición para tratar sobre tablas la interpelación de Manuel Adorni.

Las mociones fueron impulsadas por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Ambos legisladores reclamaron que el jefe de Gabinete concurriera al Congreso para explicar su evolución patrimonial y responder los cuestionamientos formulados por distintos bloques.

Bregman criticó a los diputados aliados que habían faltado a la sesión especial convocada durante la jornada anterior y que regresaron al recinto para acompañar los proyectos del Gobierno.

“Ayer no había ninguno, hoy llegaron con cara de distraídos, haciéndose los distraídos, hablando por teléfono”, expresó la diputada.

La moción presentada por Ferraro obtuvo 122 votos afirmativos y 108 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial necesaria para habilitar el tratamiento inmediato.

El pedido impulsado por Bregman reunió 104 votos positivos y 125 negativos.

Para bloquear ambas iniciativas, La Libertad Avanza consiguió el apoyo de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Independencia y Producción y Trabajo.

Los bloques Independencia y Producción y Trabajo responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de San Juan, Marcelo Orrego, respectivamente.

Provincias Unidas registró varias ausencias, mientras que Innovación Federal, integrado por diputados vinculados con distintos gobiernos provinciales, mostró posiciones divididas.

A diferencia de la propuesta de Bregman, la moción presentada por Ferraro contó con el respaldo del PRO, que decidió acompañar el pedido de interpelación.

Ferraro afirmó que Adorni perdió la confianza de una parte importante de la sociedad y del Congreso.

“La mayoría del pueblo argentino y este Congreso le ha quitado la confianza para que ejerza el cargo de jefe de Gabinete de la Nación”, sostuvo.

El diputado agregó que la situación del funcionario era “insostenible” y reclamó que la Cámara tomara una decisión.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, defendió la ausencia de su bancada durante la sesión especial del día anterior y calificó aquella convocatoria como un “show”.

Ritondo señaló que el quórum debía ser garantizado por quienes habían solicitado la sesión y sostuvo que su bloque no había sido convocado para participar de la estrategia opositora.

“Hoy queda demostrado que la ausencia de la sesión, a la que no fuimos invitados, el quórum le corresponde a quien convoca”, expresó.

Desde su banca, Germán Martínez respondió con ironía: “Nadie te pide tanto, Cristian”.

El rechazo de las dos mociones representó un nuevo respaldo parlamentario para Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por su incremento patrimonial y por la información presentada ante el Congreso.

La oposición no logró alcanzar las mayorías necesarias para obligarlo a comparecer y el oficialismo volvió a apoyarse en sus aliados para evitar una discusión considerada incómoda para el Gobierno.

La extensa jornada también incluyó la aprobación unánime de cuatro convenios internacionales que ya contaban con media sanción del Senado.

Dos de esos acuerdos fueron firmados con Suiza y San Marino y están relacionados con la seguridad social.

Otro convenio, celebrado con Italia, tiene como finalidad prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El cuarto entendimiento fue suscripto con Francia y busca evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Durante la sesión también asumió como diputado nacional el pampeano Martín Matzkin, quien reemplazó a Adrián Ravier después de que este fuera designado como vocero presidencial.

Antes del inicio del debate se produjo una situación inesperada cuando el micrófono del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedó abierto mientras intentaba reunir a los legisladores necesarios para alcanzar el quórum.

“¡Adrián, Adrián! Ravier, Ravier. ¡Dale, loco, la puta madre!”, se escuchó decir a Menem desde el recinto.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, Ravier se había retirado momentáneamente para saludar a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien había concurrido a presenciar la asunción de Matzkin.

El nuevo diputado mantiene una relación política cercana con Bullrich, quien sumó de esa manera un dirigente vinculado con su espacio dentro del bloque oficialista de la Cámara baja.

Con la aprobación del nuevo régimen de inversiones y de los pagos a los acreedores, el Gobierno consiguió avanzar con dos iniciativas centrales de su agenda económica.

Al mismo tiempo, La Libertad Avanza logró rechazar los pedidos de interpelación contra Adorni y volvió a demostrar que los bloques aliados continúan siendo fundamentales para sostener su estrategia parlamentaria.

La sesión terminó así con un saldo ampliamente favorable para la Casa Rosada: obtuvo media sanción para el denominado “super RIGI”, consiguió la autorización para pagar 171 millones de dólares y evitó que el jefe de Gabinete tuviera que responder de manera inmediata ante la Cámara de Diputados.