El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció que las empresas responsables del transporte público y la recolección de residuos deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento cuando se produzcan huelgas u otras medidas de fuerza sindicales.

La decisión fue instrumentada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que fija porcentajes obligatorios de prestación de entre el 50 y el 75 por ciento, de acuerdo con la actividad afectada por el conflicto laboral.

La normativa alcanzará al servicio de subterráneos, al Premetro, a las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y a las empresas concesionarias encargadas de la recolección de residuos.

Desde la administración porteña explicaron que la medida busca reducir las consecuencias que las protestas gremiales generan sobre servicios considerados fundamentales para la movilidad, la higiene urbana y el funcionamiento cotidiano de la Ciudad.

El decreto establece que la recolección de residuos deberá garantizar al menos el 75 por ciento de su prestación habitual durante las jornadas de paro. El servicio fue incluido dentro de la categoría de actividad esencial por su incidencia directa sobre la salud pública y las condiciones sanitarias.

La obligación tendrá como objetivo evitar que la basura permanezca acumulada durante períodos prolongados en las calles y asegurar que las tareas continúen, aunque con una frecuencia inferior a la habitual, mientras se desarrollen las medidas sindicales.

En el caso del transporte público de pasajeros, las empresas deberán mantener como mínimo el 50 por ciento del servicio. La exigencia abarcará a los subterráneos, el Premetro y las líneas de colectivos que se encuentran bajo jurisdicción del Gobierno porteño.

El decreto determina que el porcentaje mínimo de funcionamiento del subterráneo y el Premetro tendrá que cumplirse de manera individual en cada línea. De esta forma, una empresa no podrá compensar la interrupción completa de un recorrido mediante una mayor cantidad de formaciones en otro.

Cada una de las líneas deberá disponer de trenes, trabajadores y frecuencias suficientes para alcanzar al menos la mitad de su capacidad operativa habitual durante la protesta.

La disposición también será aplicada sobre los colectivos cuyos recorridos se desarrollan completamente dentro del territorio porteño. La Ciudad asumió recientemente las facultades de regulación, control y fiscalización de esas líneas.

La normativa no incluirá a los colectivos interjurisdiccionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con los municipios de la provincia de Buenos Aires, debido a que esos servicios permanecen bajo la órbita de otras autoridades.

Jorge Macri defendió la decisión y cuestionó las consecuencias que las medidas de fuerza provocan sobre los usuarios. El jefe de Gobierno sostuvo que los conflictos gremiales no deben generar la paralización completa de los servicios ni impedir que millones de personas puedan trasladarse o desarrollar sus actividades.

“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, expresó.

El decreto porteño adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que establece una diferenciación entre los servicios considerados esenciales y aquellas actividades definidas como de importancia trascendental.

La legislación nacional fija la obligación de garantizar prestaciones mínimas durante los conflictos colectivos de trabajo y determina distintos porcentajes según la relevancia de cada servicio y el impacto que puede provocar su interrupción.

La recolección de residuos fue incorporada al grupo de servicios esenciales, mientras que el transporte público de pasajeros fue definido como una actividad de importancia trascendental por su papel estratégico en la movilidad urbana.

Para poner en marcha el nuevo esquema, el decreto instruyó a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires a trabajar junto con la concesionaria Emova Movilidad Sociedad Anónima en la elaboración de los mecanismos operativos necesarios.

Ambas empresas deberán acordar la cantidad de formaciones que permanecerán en circulación, las frecuencias de cada recorrido, la distribución del personal y las condiciones bajo las cuales funcionarán las líneas afectadas.

La planificación deberá contemplar las particularidades de cada servicio y garantizar que el porcentaje mínimo se cumpla durante toda la extensión de la medida de fuerza.

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad, que depende del Ministerio de Justicia porteño, será responsable de intervenir ante los conflictos y controlar que las empresas y los trabajadores respeten los niveles establecidos.

El organismo podrá convocar a las compañías, a las organizaciones sindicales y a las demás partes involucradas con el objetivo de coordinar el funcionamiento de los servicios durante las protestas.

Además, tendrá facultades para verificar las prestaciones, solicitar información operativa y arbitrar las medidas necesarias ante posibles incumplimientos de los porcentajes obligatorios.

La Ley de Modernización Laboral modificó el artículo 24 de la Ley nacional 25.877, que regula los conflictos colectivos capaces de afectar actividades esenciales o de importancia trascendental.

Los cambios buscan impedir la interrupción total de determinados servicios y obligan a las partes involucradas a organizar esquemas que permitan sostener una parte de las prestaciones mientras se desarrolla el reclamo.

El decreto también fue firmado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny.

Con la entrada en vigencia de la medida, la administración porteña intentará garantizar que los paros no provoquen la paralización completa del transporte público ni de la recolección de residuos.

La aplicación del decreto abrirá un nuevo escenario de discusión con los gremios, que deberán adaptar las medidas de fuerza a los porcentajes fijados por la Ciudad. El Gobierno porteño, por su parte, deberá controlar que las empresas cuenten con los recursos y el personal necesarios para sostener los servicios mínimos obligatorios.