El Gobierno nacional confirmó un nuevo avance en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. tras la publicación de los pliegos para licitar la venta del 90 por ciento de las acciones actualmente controladas por el Estado. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que el objetivo es incorporar un operador privado para impulsar inversiones y ampliar la cobertura del servicio.

El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla una concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderla por una década adicional. Según el proyecto oficial, al menos el 51 por ciento quedará bajo control de un operador estratégico, mientras que el porcentaje restante saldrá a cotización bursátil. El 10 por ciento continuará reservado para los trabajadores de la empresa.

La decisión volvió a instalar una discusión histórica sobre el rol del Estado en la administración de servicios públicos esenciales y reactivó fuertes cuestionamientos vinculados con experiencias previas de privatización en el país.

Los antecedentes rápidamente reaparecieron en el centro del debate. Durante la administración privada de Suez mediante Aguas Argentinas, distintos sectores cuestionaron demoras en obras comprometidas y problemas vinculados a la expansión del servicio. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión y dispuso la reestatización, proceso que dio origen a AySA.

Desde entonces, el Estado impulsó distintas obras de infraestructura, entre ellas proyectos relacionados con el saneamiento del Riachuelo, nuevas plantas potabilizadoras y sistemas de abastecimiento destinados a distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En paralelo, el Senado comenzó a mover fichas para intentar frenar el proceso. El senador Eduardo de Pedro promovió una iniciativa para declarar a AySA como una empresa de interés público y estratégico para el desarrollo humano, con el objetivo de bloquear cualquier intento privatizador.

La iniciativa forma parte del paquete de empresas alcanzadas por las reformas impulsadas tras la aprobación de la Ley Bases. Entre las compañías incluidas aparecen también Corredores Viales, Energía Argentina S.A., Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Entre los actores interesados en participar del proceso aparecen Edison Energía, el empresario Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y compañías extranjeras como Sabesp, Río+Saneamiento y Aguas Andinas.

La discusión por AySA volvió a colocar en escena uno de los debates más sensibles de la política argentina: el equilibrio entre gestión estatal y administración privada de servicios esenciales, en un escenario donde el Gobierno busca acelerar reformas estructurales y fortalecer sus cuentas públicas.