La Agencia Nacional de Discapacidad quedó envuelta en un nuevo escándalo luego de que una auditoría interna del Ministerio de Salud detectara compras con sobreprecios de hasta el 4239% en productos destinados a personas con discapacidad, entre ellos andadores, prótesis y sillas de ruedas.

La documentación incorporada a la investigación judicial expuso diferencias millonarias entre los montos abonados por el Estado y los valores de referencia de mercado, en una causa que ya investiga una presunta estructura de corrupción dentro del organismo.

Uno de los casos más impactantes señalados en el informe corresponde a la compra de un andador adquirido por 12.150.000 pesos, una cifra que supera en más de cuarenta veces el valor considerado razonable para ese producto.

Según la auditoría elaborada en abril de 2025, las irregularidades detectadas no se limitarían a operaciones aisladas. El documento advierte sobre “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre distintos proveedores que habrían participado de contrataciones direccionadas.

La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como uno de los principales investigados al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien afronta nuevas indagatorias junto a empresarios y exfuncionarios.

En total, seis empresas quedaron bajo sospecha por operaciones observadas en la auditoría: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.

De acuerdo con el informe, el Estado habría pagado alrededor de 18.100 millones de pesos a esas firmas mediante 37 facturas analizadas por los investigadores.

La empresa que concentró la mayor cantidad de operaciones fue Farma Salud, que recibió cerca de 7900 millones de pesos. Uno de sus socios principales, Osmar Mariano Caballi, fue citado a declaración indagatoria y quedó bajo la lupa judicial debido a sus antecedentes dentro del propio organismo, donde ocupó cargos durante el gobierno de Alberto Fernández.

En paralelo, otros empresarios vinculados a la firma rechazaron las acusaciones y apuntaron directamente contra Caballi, a quien responsabilizan por las operaciones investigadas y por haber reactivado la actividad comercial de la empresa gracias a sus supuestos contactos con el sector público.

Otra de las conexiones que analiza la Justicia involucra a la empresa Bymax Medical. Su gerente era Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS también procesada en la causa.

La auditoría además puso bajo sospecha el mecanismo utilizado para seleccionar proveedores. Los investigadores creen que el sistema interno empleado por el organismo habría sido manipulado para convocar únicamente a determinadas empresas y simular procesos competitivos mientras se adjudicaban contratos con precios inflados.

La hipótesis judicial apunta a una posible asociación ilícita dedicada a direccionar compras estatales a cambio de retornos ilegales que oscilarían entre el 12% y el 20% del valor total de las contrataciones.

Hasta el momento fueron llamadas a indagatoria 49 personas, mientras la causa sigue sumando documentación y nuevas pericias.

Uno de los puntos más sensibles del expediente gira alrededor de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se mencionaría un supuesto “3% para Karina”. La defensa de varios acusados intenta anular esas pruebas argumentando que fueron obtenidas ilegalmente.

Sin embargo, el fiscal Franco Picardi ya solicitó una pericia de voz para determinar si las grabaciones pertenecen efectivamente al exfuncionario.

La investigación, encabezada por el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si existió una estructura organizada dentro del área de Discapacidad para beneficiar empresas privadas mediante contrataciones irregulares financiadas con fondos públicos.