La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un informe que detalla consumos realizados con tarjetas corporativas en distintos países, muchos de ellos sin una vinculación directa con la actividad energética.

La documentación fue presentada por Manuel Adorni ante el Congreso, a partir de un pedido de la diputada Florencia Carignano, e incluye un anexo de 58 páginas con movimientos registrados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, durante la gestión del ex asesor Demian Reidel.

Entre los gastos relevados figuran consumos en free shops, especialmente en el aeropuerto de Aeropuerto Internacional de Ezeiza, compras de indumentaria en el exterior, salidas a bares europeos, peluquerías y servicios de playa en el Mediterráneo. Solo en tiendas libres de impuestos se registraron decenas de operaciones por miles de dólares, a lo que se suman gastos en países como Alemania, Italia, Austria y Corea del Sur.

El informe también detalla pagos en hoteles internacionales, vuelos en aerolíneas como American Airlines y Air Europa, además de alquileres temporarios. En Madrid se registraron gastos en alojamientos sobre la Gran Vía y consumos en locales gastronómicos y de ocio.

Uno de los puntos más llamativos se detectó en Valencia, donde la tarjeta estatal fue utilizada en reiteradas ocasiones para pagar servicios de playa en un corto período, una actividad sin relación evidente con las funciones de la empresa.

Además, se identificaron extracciones de efectivo por más de 50 millones de pesos, con varias operaciones en moneda extranjera realizadas en una misma jornada, lo que incrementó las sospechas sobre el uso de los fondos.

Desde la compañía indicaron que los movimientos corresponden a un total de 103 tarjetas corporativas activas y que todos los gastos se encuentran actualmente bajo auditoría. También explicaron que parte de los viajes, especialmente a España, estuvieron vinculados a capacitaciones técnicas por la adquisición de equipamiento para la central Atucha I.

Según la versión oficial, las erogaciones se encuadran dentro de la normativa vigente sobre viáticos, que establece límites diarios para gastos en el exterior. Sin embargo, el caso abre interrogantes sobre los controles internos y el uso de recursos públicos en un contexto de ajuste económico y creciente demanda de transparencia.