El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, modificó su declaración jurada correspondiente a 2024 ante la Oficina Anticorrupción para incluir un inmueble que no había sido informado originalmente. Se trata de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, cuya omisión había quedado expuesta en el marco de una investigación por presunto incremento patrimonial.

La rectificación se realizó con un año de demora y en la antesala del vencimiento del plazo para presentar la nueva declaración. Según fuentes judiciales, la actualización fue remitida al fiscal Carlos Pollicita y al juzgado a cargo de Ariel Lijo, en una causa que analiza la evolución de los bienes del funcionario.

La propiedad fue adquirida el 15 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la normativa vigente, debía figurar en el anexo reservado de la declaración, donde se consignan los bienes del cónyuge. Sin embargo, ese apartado no había sido presentado en su momento. La incorporación posterior del dato profundiza las sospechas sobre posibles inconsistencias en la información patrimonial.

La investigación también alcanza operaciones financieras vinculadas a la compra de inmuebles. En los trámites intervino la escribana Adriana Nechevenko, quien indicó que en paralelo se gestionó un préstamo otorgado por particulares. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio declararon haber entregado 100.000 dólares en efectivo, con una tasa de interés del 11 por ciento anual, de los cuales aún restarían 70.000 dólares por cancelar.

Según esos testimonios, el dinero fue destinado a la adquisición de la vivienda en el country, donde inicialmente se habrían abonado 20.000 dólares más un adicional de ingreso. Como garantía, el funcionario habría constituido una hipoteca sobre otro inmueble de su propiedad.

El expediente también pone bajo análisis la compra de un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La operación presenta características poco habituales: el inmueble, valuado en 230.000 dólares, habría sido adquirido con un pago inicial cercano a los 30.000 dólares y un saldo de 200.000 a cancelar sin intereses en un plazo diferido, lo que genera interrogantes sobre la modalidad de financiamiento.

En ese marco, se esperan nuevas declaraciones testimoniales de las vendedoras del inmueble, consideradas clave para esclarecer los términos de la operación y determinar si existieron irregularidades.

La legislación argentina obliga a los funcionarios públicos a declarar la totalidad de sus bienes, incluidos los de sus cónyuges e hijos menores. La omisión de información puede derivar en sanciones administrativas o en causas penales por omisión maliciosa, delito que prevé penas de hasta dos años de prisión, mientras que el enriquecimiento ilícito puede alcanzar hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

La causa también examina el nivel de gastos del funcionario, incluyendo viajes y consumos que no se corresponderían con sus ingresos declarados. Entre los puntos bajo la lupa figuran vuelos en primera clase, estadías en el exterior y el uso de servicios privados, ampliando el foco de la investigación más allá de las propiedades.

En el plano político, el caso generó repercusiones dentro del oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó cuestionamientos al señalar que el funcionario podría no tener experiencia suficiente para afrontar este tipo de situaciones, aunque luego evitó profundizar y remarcó que el tema se encuentra en manos de la Justicia.

Con nuevas pruebas en análisis y testimonios en curso, el expediente avanza mientras se multiplican las dudas sobre la consistencia patrimonial de Manuel Adorni y la legalidad de las operaciones realizadas.