Una extensa investigación judicial que se desarrolló durante más de dos años dejó al descubierto una compleja organización criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de armas y derivó en un pedido para llevar a juicio oral a treinta y cuatro acusados. La causa, impulsada desde Mendoza, expuso una estructura con conexiones entre Argentina, Chile y Brasil y reveló un sistema de logística clandestina que utilizaba camiones y colectivos para trasladar armamento oculto a través de las fronteras.

El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, quien consideró concluida la etapa investigativa y sostuvo que las pruebas reunidas permiten avanzar hacia el juicio oral.

De acuerdo con la acusación, la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 y estaba integrada por ciudadanos argentinos y chilenos que cumplían distintos roles dentro de una estructura jerarquizada.

La reconstrucción judicial sostiene que la organización tenía dos presuntos líderes radicados en Chile. Según los investigadores, eran quienes definían la compra de armamento y establecían las rutas utilizadas para concretar las maniobras de traslado.

A partir de allí funcionaba una red logística desplegada en territorio argentino encargada de coordinar movimientos, almacenar el material y facilitar el paso clandestino hacia el país vecino.

Según la investigación, el circuito comenzaba en Brasil, donde integrantes de la organización viajaban para adquirir armas. Luego el material ingresaba de manera irregular a Argentina, principalmente por la provincia de Buenos Aires, y posteriormente era trasladado hasta Mendoza para cruzarlo hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la modalidad utilizada para evitar controles. Las armas eran ocultadas dentro de cabinas de camiones de carga internacional y transportadas mediante distintos mecanismos destinados a reducir riesgos de detección.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en abril de 2022, cuando efectivos de Gendarmería interceptaron a uno de los acusados sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento mendocino de La Paz.

El hombre viajaba a bordo de un colectivo de larga distancia y transportaba once armas y dieciocho cargadores ocultos entre su equipaje.

El procedimiento abrió una puerta decisiva para la investigación. El análisis posterior del teléfono celular permitió reconstruir contactos, identificar comunicaciones con otros sospechosos y detectar un viaje previo hacia la frontera con Brasil vinculado a presuntas compras de armamento.

Pocas semanas después se produjo otro procedimiento clave en Uspallata. Allí fue detenido un camionero que transportaba hacia Chile once armas, siete cargadores y más de dos mil municiones escondidas dentro de la cabina del vehículo.

Según la investigación, el transporte simulaba llevar una carga de azúcar para evitar sospechas y disimular el traslado ilegal.

El tercer episodio destacado ocurrió hacia fines del año siguiente, cuando dos ciudadanos chilenos fueron detenidos sobre la Ruta Nacional 38, en Tucumán.

En esa oportunidad los investigadores hallaron ocho pistolas y cinco cargadores ocultos entre ropa y equipaje dentro de un colectivo de pasajeros.
Con el avance de la causa aparecieron además elementos que ampliaron el alcance de la investigación.

Durante allanamientos realizados en distintos domicilios de Maipú, Mendoza, las fuerzas de seguridad secuestraron cocaína, marihuana, balanzas y registros vinculados con presuntas operaciones de comercialización de drogas.

Para los investigadores, parte de la estructura utilizada para el tráfico de armas también habría servido para desarrollar maniobras relacionadas con narcotráfico.

Por ese motivo algunos acusados enfrentan cargos adicionales por infracción a la ley de estupefacientes, además de delitos vinculados con asociación ilícita, contrabando agravado de armas, tenencia ilegal y acopio de armamento de guerra.

La investigación incorporó además escuchas telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, seguimientos y cooperación internacional con autoridades chilenas.

El operativo de mayor magnitud se realizó el 23 de mayo de 2024 mediante allanamientos simultáneos en más de treinta domicilios ubicados en Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Las tareas fueron coordinadas entre autoridades judiciales argentinas y chilenas y permitieron secuestrar armas, teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados fundamentales para la causa.

Actualmente, los treinta y cuatro acusados permanecen bajo distintas modalidades de prisión preventiva mientras esperan la definición judicial sobre el inicio del juicio oral que buscará determinar responsabilidades dentro de una de las investigaciones más grandes sobre tráfico internacional de armas detectadas en los últimos años.