El Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión, con un fuerte deterioro político que ya impacta de lleno en su agenda legislativa. En medio de una seguidilla de escándalos que involucran a funcionarios y salpican al entorno presidencial, la estrategia de avanzar con reformas quedó completamente paralizada, sin proyectos presentados en el Congreso.

El detonante fue una combinación de episodios que profundizaron la crisis. Por un lado, la difusión de chats vinculados a Mauricio Novelli que comprometerían al presidente Javier Milei. Por otro, las reiteradas polémicas en torno al vocero Manuel Adorni, a lo que se suma el escándalo por el caso $Libra, que amplificó las críticas y elevó la tensión política.

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A comienzos del mes, el Ejecutivo había prometido un esquema de reformas periódicas con iniciativas de alto impacto. Entre ellas se encontraban modificaciones en el Código Penal, cambios en la ley de expropiaciones, regulación de tierras, manejo del fuego y regularización dominial. Sin embargo, esa hoja de ruta se desdibujó rápidamente y, hasta ahora, ninguna de esas propuestas fue formalizada.

En la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, la actividad quedó reducida a debates puntuales como la reforma de la ley de Glaciares, un proyecto que se arrastra desde las sesiones extraordinarias y que recién podría llegar al recinto en abril. Mientras tanto, el oficialismo opta por un perfil bajo para evitar quedar expuesto a nuevas críticas.

La decisión no es casual. Desde el Gobierno buscan impedir que el Congreso se transforme en una tribuna de cuestionamientos, como ya ocurrió en el Senado, donde la oposición aprovechó las sesiones recientes para poner el foco en los escándalos y exigir explicaciones.

En privado, desde el oficialismo reconocen el freno. Admiten que las conversaciones políticas siguen en marcha, pero que el contexto complicó los tiempos y obligó a postergar definiciones clave. El objetivo inmediato es ganar tiempo y evitar que la crisis se profundice dentro del ámbito parlamentario.

El panorama se vuelve aún más incierto al analizar los apoyos legislativos. Incluso proyectos que podrían tener chances de avanzar, como la ley de Glaciares, dependen de un equilibrio cada vez más frágil, condicionado por el clima social y las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias.

En ese escenario, el vínculo con los gobernadores aparece como un factor decisivo. El ministro del Interior, Diego Santilli, prepara una serie de recorridas para reforzar alianzas y evaluar el humor político en las provincias, en un contexto donde el respaldo ya no está garantizado.

Aunque algunos encuentros recientes dejaron señales positivas en términos de inversiones, dentro del oficialismo reconocen que eso no se traduce automáticamente en apoyo en el Congreso. Incluso antes de los escándalos, ya se advertía que la base legislativa podía debilitarse con el correr de los meses.

A esto se suman resistencias sociales a varias de las iniciativas en carpeta. Las discusiones sobre financiamiento universitario y discapacidad generan rechazo en sectores clave, mientras que una eventual reforma del Código Penal podría reactivar protestas, especialmente si se tocan temas sensibles como el aborto legal.

En el Senado, el clima tampoco ofrece alivio. La próxima presentación del jefe de Gabinete se anticipa como una sesión de fuerte confrontación, con la oposición dispuesta a interpelar al Gobierno por los escándalos recientes y exigir respuestas concretas. En paralelo, crecen los reclamos para que Manuel Adorni dé explicaciones sobre su situación patrimonial.

Con un escenario cada vez más complejo, el Gobierno busca contener los daños y reordenar su estrategia. Por ahora, la prioridad es clara: evitar que la crisis política se traslade con mayor fuerza al Congreso y ganar tiempo en medio de una tormenta que no da señales de disiparse.