El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 resolvió otorgar un sobreseimiento parcial al empresario Lázaro Báez en una causa por evasión impositiva vinculada a su empresa Austral Construcciones, tras aplicar la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

La decisión implica que la investigación continuará únicamente por el ejercicio fiscal 2012, ya que los restantes períodos analizados quedaron por debajo de los nuevos montos mínimos establecidos por la normativa para configurar delito.

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El expediente analizaba presuntas irregularidades en el pago de tributos como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Sin embargo, con la actualización de los umbrales, gran parte de esas cifras dejó de encuadrar dentro del ámbito penal.

La defensa de Báez había solicitado el cierre de la causa al sostener que la ley debía aplicarse de manera retroactiva por resultar más favorable para los imputados, un criterio que fue finalmente aceptado por el tribunal.

En contraposición, el fiscal general Diego Velasco se opuso al planteo, al considerar que la norma solo actualiza valores por inflación y no modifica la naturaleza del delito. No obstante, los jueces rechazaron esa interpretación.

El fallo fue firmado por Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli, quienes determinaron que los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014 no superan el nuevo mínimo exigido para considerar evasión.

En consecuencia, el proceso continuará exclusivamente por el período 2012, cuando la firma registró cifras superiores a los 100 millones de pesos en concepto de impuestos.

La resolución también alcanzó a los hijos del empresario. Martín Báez y Luciana Báez obtuvieron un sobreseimiento parcial, mientras que Leandro Báez fue beneficiado con un sobreseimiento total, al igual que otros imputados vinculados a la compañía.

La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada con el objetivo de actualizar los montos de evasión y focalizar la persecución penal en casos de mayor impacto económico. Según el criterio adoptado por el tribunal, su aplicación obliga a revisar causas en trámite cuando los valores investigados quedan por debajo de los nuevos límites legales.