El Gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo luego de una negociación reservada impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino en coordinación con la Federación Venezolana de Fútbol. El operativo, que se mantuvo en estricta confidencialidad durante meses, culminó con el traslado del efectivo a Buenos Aires en un vuelo privado organizado por dirigentes del fútbol.

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia y permaneció privado de su libertad durante 448 días. Su liberación se concretó este domingo y fue comunicada inicialmente por la propia AFA a través de un mensaje institucional, antes de que el Gobierno argentino emitiera un pronunciamiento oficial.

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Las gestiones comenzaron a tomar forma a principios de 2025, en el marco del torneo Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su par venezolano, Jorge Giménez, encabezaron los contactos que derivaron en un canal de diálogo indirecto en un contexto diplomático complejo.

La liberación se produjo en medio de relaciones tensas entre Argentina y Venezuela desde la asunción de Javier Milei a fines de 2023, cuando ambos países rompieron vínculos formales. Ese escenario había limitado los canales diplomáticos tradicionales, lo que otorgó un carácter inusual a la intervención de una entidad deportiva en un conflicto de naturaleza política y consular.

En su mensaje público, Tapia destacó el carácter reservado de las conversaciones y subrayó que el trabajo conjunto permitió el regreso del gendarme al país. Poco después, la esposa de Gallo informó que había podido comunicarse telefónicamente con él ya en libertad y confirmó su inminente reencuentro familiar.

Desde el Gobierno nacional, el canciller Pablo Quirno reconoció la liberación y agradeció gestiones internacionales, aunque evitó detallar el rol de la AFA en la negociación. El desenlace sorprendió en el ámbito político, especialmente por las diferencias públicas entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino en torno a reformas estructurales del sistema deportivo.

En los días previos, Tapia había solicitado autorización judicial para viajar a Venezuela en su carácter de vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, invitado por la federación local. El permiso fue denegado, lo que impidió que el dirigente acompañara personalmente el operativo de liberación.

La resolución del caso, gestionada por una organización deportiva en medio de una ruptura diplomática formal, dejó al descubierto la existencia de canales alternativos de negociación y abrió interrogantes sobre el alcance del poder blando en la resolución de conflictos internacionales que involucran a ciudadanos argentinos en el exterior.