La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos y dejó una de las frases más impactantes de su declaración: “Me puedo morir presa, pero créanme que esto se va a terminar”.

Durante su indagatoria, la exjefa de Estado cuestionó con dureza el proceso judicial en su contra y vinculó su situación con el contexto económico y social. Sostuvo que, más allá de las campañas mediáticas, la realidad económica terminará imponiéndose en la agenda política.

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En su exposición, afirmó que se presentó “en calidad de detenida” y calificó como “una muy injusta condena” la que pesa sobre ella en otras causas. Además, aseguró que fue acusada por delitos que no pudo haber cometido y denunció irregularidades en el accionar judicial.

En ese marco, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de haber llevado adelante una instrucción viciada. También cuestionó la figura del imputado colaborador, al considerar que fue utilizada de manera indebida y sin pruebas directas en su contra.

La exmandataria también dirigió críticas al gobierno nacional y al Poder Judicial. Señaló que declaraciones públicas del presidente Milei sobre su situación judicial serían violatorias de la Constitución y advirtió sobre una supuesta politización de la Justicia.

La citación se produjo luego de que fuera rechazado un pedido de nulidad presentado por su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, quien insiste en que los cuadernos que originaron la causa fueron manipulados y que las declaraciones de imputados se obtuvieron bajo presión.

Mientras se desarrollaba la audiencia, militantes y dirigentes del peronismo se movilizaron en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria y en tribunales. Entre los respaldos políticos se destacó el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien denunció una persecución política y vinculó el avance judicial con la situación económica.

La causa se originó en 2018 a partir de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, en las que se describían presuntos traslados de dinero entre empresarios y funcionarios. En el expediente, la expresidenta está acusada de haber encabezado una asociación ilícita vinculada a supuestos hechos de corrupción en la obra pública.

El proceso involucra a decenas de imputados, entre exfuncionarios y empresarios, y continúa avanzando en un escenario político atravesado por la tensión entre oficialismo y oposición, con fuertes repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el plano político nacional.