El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de una orden judicial que lo obligó a avanzar sin más demoras. La medida quedó formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tras vencer el plazo fijado por la Justicia federal para completar el proceso.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y se enmarca en una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, dictada en diciembre de 2025, que declaró inválida la suspensión de la ley y exigió su implementación inmediata. El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo intentó frenar su aplicación, pese a que el Congreso había ratificado la ley luego de rechazar un veto sustentado en la falta de financiamiento.

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La causa se inició a partir de un amparo colectivo que derivó en una orden judicial concreta. Aunque el Ministerio de Salud y otros organismos nacionales apelaron la decisión, el juez estableció un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación, con fecha límite el 4 de febrero. El decreto fue publicado sobre el cierre de ese período.

La reglamentación redefine el sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, que pasan a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El texto establece nuevos criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas obligatorias, incompatibilidades con otras prestaciones y mecanismos de control. La aplicación del régimen quedará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.

El decreto también ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación y exige la presentación de un plan de auditorías en un plazo de 30 días. Además, dispone la articulación con organismos nacionales, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil, en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias vigentes.

La normativa centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, establece controles periódicos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales y promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En el texto oficial, el Ejecutivo aclaró que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, aunque la ley quedó plenamente vigente con su publicación.

Tras la entrada en vigencia del decreto, el Gobierno designó a Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad y terminó de consolidar la nueva estructura del área, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio de cuestionamientos por presuntos sobreprecios.