A dos semanas del inicio de los incendios en localidades patagónicas como El Hoyo y Epuyén, la respuesta política del Gobierno nacional se concentra en el endurecimiento de penas, la búsqueda de responsables y la criminalización selectiva, pese a la existencia de marcos legales vigentes que el propio Estado no aplica. La estrategia oficial desplaza el eje de la discusión y minimiza el impacto del ajuste presupuestario sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, debilitado por recortes sostenidos.

Lejos de fortalecer políticas de prevención y respuesta temprana, la agenda oficial incluye el intento de modificar la Ley de Manejo del Fuego, una iniciativa que implicaría un retroceso normativo y abriría la puerta a la especulación inmobiliaria y productiva sobre tierras incendiadas. En paralelo, el Gobierno impulsa cambios en la Ley de Glaciares que profundizan el retiro del Estado de áreas clave para la protección ambiental. Mientras el fuego avanza, el presidente y gran parte del gabinete siguen la crisis desde Buenos Aires, sin una presencia sostenida en las zonas afectadas.

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Desde la capital, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió mensajes en redes sociales en los que aseguró supervisar los operativos desde el Centro de Monitoreo de la Agencia Federal de Emergencias. Sus publicaciones reforzaron un enfoque punitivo que contrasta con los datos presupuestarios: en dos mil veinticuatro, la ejecución del Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue, en términos reales, un ochenta y uno por ciento menor que en dos mil veintitrés, mientras que en dos mil veinticinco el recorte alcanzó el setenta coma ocho por ciento. Las proyecciones para dos mil veintiséis anticipan que, aun con ejecución plena, el presupuesto consolidará una caída real superior al setenta por ciento respecto de dos mil veintitrés.

Las declaraciones oficiales también marcaron un giro respecto de las acusaciones iniciales del propio Ministerio de Seguridad, que había vinculado los incendios a supuestos grupos mapuches. Esa línea perdió sustento luego de que el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, informara que la investigación judicial no halló indicios que relacionen el fuego con organizaciones estructuradas. Pese a ello, la ministra insistió en la persecución penal de los responsables, sosteniendo un discurso de mano dura que omite el rol del Estado en la prevención.

El enfoque punitivo es compartido por referentes del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel propuso agravar las penas por incendios intencionales mediante una reforma del Código Penal y reclamó mayor coordinación entre Nación y provincias. Si bien se diferenció del presidente Javier Milei al viajar a Epuyén, ambos coinciden en priorizar el castigo por sobre la planificación ambiental y la inversión preventiva.

En la misma línea, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó la incorporación del delito de ecocidio al Código Penal y el endurecimiento de sanciones. La iniciativa fue presentada en el Senado por la legisladora Edith Terenzi y busca que las penas reflejen el daño ambiental causado. En medio de las tensiones, el Gobierno nacional confirmó el envío de Aportes del Tesoro Nacional para atender la emergencia, luego de las críticas públicas por la subejecución de partidas destinadas a la prevención.

Desde la oposición se impulsaron proyectos para declarar la emergencia ambiental y otorgar un bono a los brigadistas que combaten el fuego en la Patagonia, quienes enfrentan extensas jornadas laborales con salarios que rondan los ochocientos sesenta mil pesos. Sin embargo, estas iniciativas no podrán tratarse hasta marzo, cuando se inicie el período ordinario del Congreso, ya que durante febrero la agenda quedará limitada a los temas promovidos por el Ejecutivo.

Especialistas advierten que el problema es estructural. El abogado ambientalista Enrique Viale sostuvo que la crisis expone la ausencia de una mirada integral sobre la cuestión socioambiental y alertó sobre el negacionismo climático y el desfinanciamiento estatal. También cuestionó a la oposición por no colocar el ambiente en el centro del debate político y señaló que la ofensiva contra la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares responde a una misma lógica de retiro del Estado y apropiación del territorio por intereses concentrados.

Mientras las llamas continúan activas y los daños ambientales se profundizan, el debate público se desplaza hacia el castigo y las reformas regresivas, dejando en un segundo plano las políticas de prevención que podrían haber evitado un desastre anunciado.