Mientras el mundo discute las guerras tecnológicas y los conflictos híbridos del siglo XXI, Estados Unidos vuelve a desempolvar una lógica propia del siglo XIX. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Washington reactiva una agenda de expansión territorial centrada en el control de recursos estratégicos y zonas clave de influencia, con Groenlandia como objetivo prioritario.

El interés estadounidense por la isla no es nuevo. Se remonta al siglo XIX, cuando, tras la compra de Alaska, Estados Unidos evaluó adquirir Groenlandia para consolidar su dominio en el Atlántico Norte y el Ártico. A lo largo de las décadas, distintas administraciones impulsaron propuestas diplomáticas para quedarse con el territorio, todas rechazadas por Dinamarca, aunque la presencia militar norteamericana logró afianzarse.

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Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de Dinamarca habilitó a Estados Unidos a instalar bases en Groenlandia con el aval del gobierno danés en el exilio. Desde entonces, la isla se transformó en una pieza clave de la arquitectura de defensa occidental, primero frente al nazismo y luego como parte del sistema de contención contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

En ese período, Washington llegó a operar decenas de instalaciones militares y de radar, además de proyectos secretos bajo el hielo. Aunque hoy solo queda una base activa, su ubicación sigue siendo estratégica para el sistema de defensa antimisiles estadounidense, al estar situada en la ruta más corta entre Rusia y América del Norte.

El interés se intensificó durante el primer mandato de Trump, impulsado por el deshielo del Ártico, la apertura de nuevas rutas marítimas, la creciente presencia de China y Rusia en la región y la abundancia de minerales raros esenciales para la industria tecnológica y militar. En 2019, el entonces presidente propuso abiertamente comprar Groenlandia, en una maniobra que generó rechazo inmediato en Dinamarca y entre las autoridades locales.

La tensión volvió a escalar a comienzos de 2026, cuando Trump aseguró que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional y dejó entrever que podría avanzar incluso sin el consentimiento danés. En Europa, las declaraciones fueron leídas como una amenaza directa contra un país miembro de la OTAN y encendieron alarmas sobre una crisis inédita dentro de la alianza.

El escenario es particularmente delicado porque la OTAN no contempla mecanismos claros para resolver conflictos entre Estados miembros. Una eventual acción de Estados Unidos contra un territorio de Dinamarca dejaría al bloque limitado a la presión diplomática, sin herramientas de defensa colectiva, poniendo en duda su cohesión y credibilidad.

A esto se suma un límite jurídico central. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y no puede ser vendido. Cualquier cambio de estatus exigiría un proceso de independencia aprobado por referéndum y por los parlamentos groenlandés y danés, antes de considerar cualquier vínculo formal con Estados Unidos.

El caso de Groenlandia condensa la doctrina del trumpismo en política exterior: confrontación abierta, incluso con aliados históricos, y redefinición unilateral del orden internacional. Más que una excentricidad, el conflicto expone hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para sostener su primacía global en un escenario de competencia estratégica cada vez más feroz.