Estados Unidos ejecutó un ataque directo contra Venezuela y concretó la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en una operación militar relámpago que incluyó bombardeos y el ingreso de tropas especiales. La ofensiva violó el espacio aéreo y territorial venezolano y dejó decenas de víctimas fatales entre civiles y militares, según reportes difundidos por medios estadounidenses.

El ataque se produjo durante la madrugada y sacudió a Caracas y a otras zonas estratégicas del país. También fueron alcanzados el puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote y la localidad de El Volcán, donde funciona una central de comunicaciones. Durante varias horas se registraron cortes de electricidad mientras la población despertaba en medio de explosiones y un clima de pánico generalizado.

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Donald Trump siguió el operativo en tiempo real desde su residencia de Mar a Lago y luego confirmó públicamente que Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece detenido en Nueva York. Sin presentar pruebas ni fundamentos legales, el presidente norteamericano afirmó que su administración gobernará Venezuela hasta que se concrete una transición política, una declaración que fue interpretada como una admisión explícita de ocupación y control sobre un país soberano.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció la agresión como un acto de guerra y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Las autoridades reconocieron que durante las primeras horas se desconocía el paradero del mandatario y exigieron una prueba de vida, mientras las fuerzas armadas se declaraban en estado de alerta ante una escalada que amenaza con desestabilizar a toda la región.

La captura de Maduro fue presentada por Washington como un triunfo político. El presidente venezolano y su esposa fueron exhibidos esposados tras su llegada a territorio estadounidense, en imágenes que profundizaron el repudio internacional por el carácter extraterritorial e ilegal del procedimiento. También se informó que el traslado incluyó una escala en la base de Guantánamo, símbolo histórico de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.

Trump justificó la ofensiva con el argumento de combatir el narcotráfico y anunció cargos por narcoterrorismo contra Maduro, pese a que la justicia estadounidense no tiene competencia sobre un jefe de Estado extranjero. La decisión fue señalada como un nuevo ejemplo de doble estándar, al contrastar con la tolerancia de Washington hacia otros líderes acusados de crímenes de guerra.

La mayoría de los gobiernos de América Latina condenó el ataque y advirtió sobre el peligroso precedente que implica la intervención militar directa de Estados Unidos. Algunos países cerraron fronteras por prevención y potencias como China y Rusia cuestionaron la ofensiva, mientras organismos internacionales comenzaron a recibir denuncias formales por la violación de la soberanía venezolana.

Desde el gobierno venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el país no aceptará volver a ser colonia y ratificó la continuidad institucional pese al golpe recibido en la cúpula del poder. El mensaje buscó transmitir que el control territorial y el respaldo popular siguen vigentes, aun en medio de una crisis sin antecedentes recientes.

El ataque y la captura del presidente venezolano marcaron un punto de quiebre para América Latina. Más allá del futuro de Maduro, el episodio reinstala una lógica de fuerza que parecía superada y deja a la región ante un escenario de máxima incertidumbre, atravesado por la disputa por recursos estratégicos y el regreso explícito de prácticas imperialistas en pleno siglo veintiuno.