El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que su administración se apropiará del petróleo venezolano incautado durante operativos navales en aguas internacionales. La declaración fue realizada desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y reforzó las denuncias del gobierno de Venezuela, que calificó estas acciones como actos de piratería y violación del derecho internacional.

Al referirse a los procedimientos contra la denominada “flota fantasma” que transporta crudo de PDVSA, Trump fue categórico sobre el destino de los recursos retenidos. Aseguró que Estados Unidos se quedará tanto con los barcos como con el petróleo incautado, y dejó abierta la posibilidad de vender esa carga o destinarla a las reservas estratégicas del país, explicitando una política de apropiación directa de activos.

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Las declaraciones revelaron que el bloqueo naval excede el marco de sanciones diplomáticas o comerciales y se orienta a obtener beneficios económicos mediante el control militar en el Caribe. Esta postura generó repercusiones inmediatas en América Latina y reavivó el debate sobre la legalidad de las intercepciones en aguas internacionales.

En el mismo anuncio, Trump adelantó la creación de una denominada “flota dorada” y ordenó la construcción inmediata de dos nuevos buques de guerra, que darán origen a la futura “clase Trump”. Según afirmó, estas naves serán ampliamente superiores a las actuales y el plan podría ampliarse hasta alcanzar 25 barcos en los próximos años.

El mandatario también cuestionó al complejo militar-industrial estadounidense por la lentitud en la producción y exigió acelerar los tiempos de construcción naval. Aunque el discurso oficial apunta a la competencia geopolítica con China y a la reactivación de los astilleros nacionales, el mensaje tuvo un fuerte impacto en la región.

La decisión se conoció pocos días después de que la Casa Blanca ordenara la confiscación de todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. El objetivo declarado es asfixiar financieramente a PDVSA, principal fuente de ingresos del país, mediante un cerco naval que ya permitió la detención de al menos dos buques desde el 10 de diciembre.

Con la confirmación de que Estados Unidos se quedará con los barcos y su carga, la política de presión sobre Venezuela suma una nueva dimensión y transforma el bloqueo en una operación con beneficios económicos directos para la potencia norteamericana.