Con 139 votos afirmativos, 59 abstenciones y 36 negativos, la Cámara de Diputados avanzó en la regulación de los juegos de azar online, aprobando una ley que busca combatir la ludopatía en un sector que crece sin frenos y con escasa supervisión. El proyecto, impulsado por una coalición heterogénea de bloques opositores y algunos oficialistas, propone medidas drásticas como la prohibición total de publicidad de casas de apuestas en medios, redes sociales y camisetas de fútbol, además de implementar controles biométricos para evitar el acceso de menores.

El debate arrancó con tensiones: el PRO y La Libertad Avanza, contrarios al proyecto, decidieron no dar quórum en la apertura. Más tarde, ingresaron al recinto para defender un dictamen de minoría que planteaba regulaciones más flexibles. Sin embargo, su postura quedó relegada frente al apoyo mayoritario de Unión por la Patria (UxP), la Coalición Cívica (CC) y el Frente de Izquierda (FIT).

“Esto no es solo una cuestión de menores de edad; es una lucha contra la precarización y la adicción que estas plataformas fomentan en sectores vulnerables”, sostuvo Rogelio Iparraguirre, de UxP. Por su parte, Mónica Frade (CC) lanzó una acusación contundente: “Estamos tocando intereses multimillonarios, y eso molesta”.

Entre las disposiciones más destacadas de la ley se encuentra la eliminación de los “bonos de bienvenida”, estrategias comerciales que las empresas utilizan para captar usuarios, así como la obligatoriedad de asociar los datos de los jugadores a sistemas biométricos y al Renaper, lo que impedirá el acceso de menores de 18 años.

La discusión también giró en torno a los auspicios deportivos. Clubes como Boca Juniors y River Plate, además del torneo de la AFA, cuentan actualmente con acuerdos lucrativos con casas de apuestas. De aprobarse la ley en el Senado, esos contratos quedarían prohibidos.

Desde el sector crítico, Silvina Giudici (PRO) tildó el proyecto de "excesivamente restrictivo" y advirtió sobre el impacto económico en los clubes. En tanto, Lilia Lemoine (LLA) fue más allá: “El Estado no tiene que meterse. ¿Qué sigue después, regular las redes sociales?”, ironizó.

Aunque la media sanción representa un paso importante, el futuro del proyecto es incierto. Con las sesiones ordinarias a punto de terminar, la oposición teme que el oficialismo frene su tratamiento en extraordinarias, lo que postergaría la ley hasta 2025. Mientras tanto, los críticos advierten que cada día sin regulación consolida un negocio multimillonario que, según denuncian, opera a expensas de las familias más vulnerables.

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