La baja temporal de retenciones, anunciada por el Gobierno nacional para estimular la liquidación de divisas de las cerealeras, provocó una reacción inmediata en los precios de los productos básicos. Molinos harineros, aceites, yerba y otros insumos esenciales comenzaron a registrar incrementos directos, atados a la suba del dólar y a la fuerte liquidación del sector agroexportador, que en apenas dos días ingresó más de 7.000 millones de dólares al mercado.

Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) alertaron sobre la “volatilidad de los mercados” y pidieron una “intervención urgente” del Ejecutivo. Según señalaron, la inestabilidad en las reglas y los precios complica la planificación de los comercios, que ya enfrentan meses de caída en el consumo. “Cambia todo el tiempo, no sabemos cuánto valen las cosas, ni cómo explicárselo a los clientes. Así no se puede sostener ninguna actividad”, explicó un supermercadista del interior.

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El impacto no se limita a los grandes hipermercados. Los pequeños autoservicios, con márgenes estrechos, se ven obligados a tomar decisiones difíciles: “Si remarcamos se nos caen más las ventas; si no remarcamos, no cubrimos costos. Todo nos empuja a cerrar”, resumió un dueño de comercio en el conurbano bonaerense. La combinación de precios internacionales volátiles, subas repentinas de insumos y salarios estancados pone en riesgo la supervivencia de muchos negocios y agrava la presión sobre el consumo popular.

La situación se complica al considerar que mientras las cerealeras obtuvieron beneficios extraordinarios por la liquidación récord, los consumidores enfrentan una nueva escalada en alimentos esenciales. Desde CAS y FASA destacan que el efecto regresivo de la medida es inmediato: quienes no participan de los negocios de exportación terminan pagando el costo en las góndolas. “Recomendamos extrema prudencia a los proveedores y aconsejamos a los asociados supermercadistas actuar en defensa de sus clientes, rechazando aumentos especulativos”, insistieron las entidades en su comunicado.

El malestar del sector se suma al debate político y económico sobre la gestión de la política de retenciones. Mientras los exportadores celebraban la posibilidad de retenciones cero, el Gobierno y los analistas advertían sobre los riesgos de una baja que podía desestabilizar los precios internos y complicar la negociación con organismos internacionales. La experiencia recuerda hechos similares, como en 2018, cuando Mauricio Macri debió frenar la reducción de derechos de exportación tras reclamos del FMI y las dificultades de abastecimiento interno.

Para los consumidores, la presión sobre los precios se siente en alimentos básicos, panificados, aceites, yerba y productos procesados, que representan una parte significativa del gasto familiar. Con salarios estancados y caída en el poder adquisitivo, la capacidad de absorber estos aumentos es limitada, y el impacto en los hogares de menores ingresos puede ser inmediato.

En su pedido al presidente Javier Milei, CAS y FASA solicitaron medidas inmediatas para proteger el poder adquisitivo, garantizar empleo, impulsar el consumo y la inversión, y avanzar en cambios impositivos y laborales que otorguen previsibilidad al sector. En su comunicado, las entidades enfatizaron que la combinación de decisiones económicas repentinas, volatilidad cambiaria y presión sobre la cadena de alimentos genera un escenario “insostenible” si no se toman medidas concretas.

El escenario de incertidumbre marca un alerta para toda la cadena comercial: desde la producción hasta la venta final, los ajustes de precios y la inestabilidad de las políticas económicas se traducen en un efecto directo sobre los consumidores. Expertos advierten que sin coordinación y previsibilidad, las remarcaciones continuarán y podrían profundizar la caída en el consumo, afectando la economía doméstica y la actividad comercial en todo el país.