El juez Patricio Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que alcanza a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, luego de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que calificó la divulgación de los audios como una “operación de inteligencia ilegal”. Según el fallo, la medida busca proteger los “intereses estatales sensibles” sin constituir censura previa.

Las grabaciones incluyen conversaciones registradas dentro de la Casa Rosada donde se escucha a Karina Milei. Aunque hasta ahora no se evidencian delitos en el contenido difundido, el material podría generar inconvenientes políticos para el Gobierno. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que no se trata de un caso de libertad de expresión, sino de una “grave violación a la privacidad institucional”.

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El presidente Javier Milei respaldó la postura oficial, calificando los audios como un intento de desestabilización. La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto y recayó en el Juzgado Federal Número doce, subrogado por Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

La ministra Patricia Bullrich solicitó allanar a los periodistas que difundieron los audios, entre ellos Mauro Federico, Fabián Doman y Jorge Rial, lo que generó un debate sobre la protección del secreto de las fuentes periodísticas y el derecho a la información.

El episodio combina acusaciones de corrupción, espionaje ilegal y tensiones políticas, en un momento electoral delicado donde cada filtración puede tener un fuerte impacto en la percepción pública y en la agenda del Gobierno.