La justicia avanza con allanamientos simultáneos en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la droguería Suizo Argentina, mientras el gobierno aparece desbordado. El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello buscan asegurar pruebas de coimas y contratos irregulares.

La tensión estalló con una grabación atribuida a Karina Milei, donde se la escucha decir: “nosotros tenemos que estar unidos”. El mensaje, en plena guerra interna, confirma que también la habrían grabado a ella. El vocero Manuel Adorni, en un intento de control de daños, declaró que si “los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes”, deslizando que fueron grabados dentro de la propia Casa Rosada.

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En paralelo, la policía debió permanecer durante horas en la droguería porque la empresa se negaba a entregar los correos electrónicos que exigía la orden judicial. Finalmente se incautaron computadoras y dispositivos. En Andis también se retiró documentación y equipos.

Los empresarios involucrados, liderados por Eduardo Kovalivker, plantearon la nulidad de la causa al cuestionar la legalidad de los audios difundidos por periodistas. Sin embargo, para la fiscalía esos registros resultan relevantes y se ordenó el secuestro de celulares, dinero, contratos y el levantamiento del secreto bancario.

En los audios previos, atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo, se hablaba de contratos direccionados, sobornos y de que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem se quedaban con parte de la recaudación. El ex titular de Andis ahora evalúa convertirse en arrepentido.

El escándalo golpea directo al corazón del poder. La versión de una “operación kirchnerista” pierde fuerza frente a la confirmación de que las grabaciones habrían ocurrido en Balcarce 50. Las internas en el oficialismo, sumadas a la sensación de caos y paranoia, dibujan el escenario más delicado desde el inicio del gobierno.