Con los vetos a la ley de emergencia en discapacidad y a las mejoras para jubilados recién firmados, Javier Milei puso en marcha un operativo político para blindar su posición en el Congreso. La Casa Rosada busca garantizar, al menos, un tercio de los votos en Diputados para impedir que la oposición logre los dos tercios necesarios para revertir sus decisiones.

El plan oficialista apunta a repetir la estrategia de 2024, cuando con 87 votos propios y aliados logró sostener un veto similar, frustrando la avanzada opositora. Esta vez, el desafío es mayor: si la oposición alcanza 172 votos afirmativos en Diputados, el proyecto pasará al Senado, y si allí también obtiene dos tercios, el Ejecutivo estará obligado a promulgar la ley según lo establece el artículo 83 de la Constitución.

Milei ya adelantó que, de llegar a ese escenario, judicializará el caso. La idea es presentar un amparo o recurso para frenar la aplicación de las normas, con la expectativa de que el proceso judicial —y sus instancias de apelación— deje las leyes en suspenso hasta después de las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza aspira a sumar bancas y afianzar su control parlamentario.

En paralelo, el Gobierno negocia con gobernadores y diputados provinciales sueltos, ofreciendo acuerdos políticos y beneficios puntuales, como avales para endeudamiento o respaldo en disputas locales. El cierre de listas y la pulseada electoral en cada distrito juegan un papel central en esas conversaciones.

La oposición, por su parte, trabaja para garantizar la presencia plena de sus legisladores el día de la votación. Recuerda el antecedente de 2024, cuando varias ausencias facilitaron que el oficialismo sostuviera un veto.

En este contexto, el Congreso se prepara para una sesión de alta tensión, donde el resultado podría definirse por apenas un puñado de votos y negociaciones fuera de micrófono.