Un nuevo capítulo de alto voltaje sacude a la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof denunció un presunto complot político desde dentro de la Policía Bonaerense que incluye a 24 efectivos, varios de ellos de jerarquía, que habrían trabajado para el excomisario Maximiliano Bondarenko, hoy candidato a diputado por La Libertad Avanza. Según la denuncia, los agentes fueron sorprendidos utilizando recursos del Estado provincial para operar políticamente a favor del espacio libertario, en una maniobra que en La Plata no dudan en calificar como “un intento de desestabilización”.

La investigación se activó tras una denuncia anónima recibida por la Auditoría de Asuntos Internos, poco después de oficializarse la candidatura de Bondarenko en la estratégica Tercera Sección Electoral. A partir de allí se realizaron allanamientos en distintas dependencias policiales, donde se hallaron computadoras utilizadas para redactar documentos partidarios, pruebas de organización de actos y mensajes que daban cuenta de contactos con altos funcionarios del gobierno nacional.

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“Esto era una estructura paralela, con roles definidos, montada desde adentro de la fuerza para intervenir políticamente, algo que está expresamente prohibido”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En los mensajes también se mencionan reuniones con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, que luego fueron reconocidas por la propia funcionaria. Sin embargo, intentó bajarle el tono al escándalo: “Los echaron por compartir un asado”, declaró.

En La Plata rechazan de plano esa versión. “No es una persecución ni por un asado: los echaron por usar recursos del Estado para hacer política partidaria. Estaban trabajando para atacar la gestión”, aclararon desde el entorno del gobernador. Bondarenko, por su parte, difundió en redes fotos con Bullrich en distintos actos y celebró su nueva postulación.

El gobernador Kicillof, consultado durante una actividad en Marcos Paz, evitó la confrontación directa pero dejó en claro su preocupación: “Hay normas y leyes que deben respetarse. La investigación está en curso y ya pasó a sede judicial”.

El episodio reaviva una interna feroz entre el oficialismo provincial y los libertarios, justo cuando se intensifica la campaña electoral en territorio bonaerense. En el gobierno temen que este sea apenas el primer capítulo de una estrategia más amplia para erosionar el poder institucional de la Provincia. Por lo pronto, las tensiones entre las fuerzas de seguridad y el poder político se convierten en uno de los focos más sensibles de este año electoral.