Lejos de un acuerdo con el Gobierno nacional, los gobernadores avanzaron con su propia agenda y firmaron un proyecto de ley que busca modificar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El texto será presentado en el Congreso en las próximas horas y representa una clara señal de autonomía frente al presidente Javier Milei, a quien acusan de recortar de manera arbitraria los recursos del interior.

El documento surgió luego de un encuentro realizado este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde participaron mandatarios o representantes de todas las provincias junto a los secretarios nacionales de Interior, Lisandro Catalán, y de Hacienda, Carlos Guberman. Allí, sin lograr avances en la negociación, los gobernadores decidieron impulsar un proyecto que modifica la Ley 23.966 y propone un nuevo esquema de distribución del impuesto a los combustibles: el 58,36% iría a las provincias, el 28,69% al sistema previsional nacional, el 10,40% al Tesoro Nacional y el 2,55% al transporte público.

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Además, plantean la disolución de dos fondos fiduciarios (el de Infraestructura del Transporte y el de Infraestructura Hídrica) y una reforma a la Ley de Coparticipación Federal para que los ATN se distribuyan con criterios objetivos, evitando decisiones discrecionales por parte de la Casa Rosada.

“Los fondos deben volver a las provincias para que puedan responder a las demandas sociales según sus realidades”, afirmaron desde los equipos técnicos que redactaron la iniciativa. Los mandatarios remarcan que el proyecto no compromete las finanzas nacionales y que busca “generar más equidad y federalismo”.

En paralelo, planean negociar con los presidentes de bloque del Congreso y condicionar la discusión a otras iniciativas clave, como las leyes de jubilaciones y discapacidad que ya tienen media sanción y que el oficialismo rechaza por su impacto fiscal. Si se aprueban, dejarían a Milei frente al dilema de promulgar o vetar con alto costo político.

La relación se tensó aún más tras las declaraciones radiales del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aseguró que “los gobernadores nunca hacen lo suficiente” y reclamó mayor ajuste. Horas más tarde, llegó la respuesta en forma de proyecto.

El encuentro se dio en la antesala de la primera reunión formal del “Consejo de Mayo”, convocada por el Gobierno para este martes. Si bien la Casa Rosada espera avanzar en una nueva reforma laboral, el clima entre las provincias ya no es el mismo. Gobernadores que venían acompañando al oficialismo en el Congreso ahora endurecen su postura, decididos a defender los fondos que consideran propios frente a lo que definen como una motosierra sin criterios de justicia distributiva.